Los mercados encontraron razones para celebrar el resultado de la primera vuelta en Brasil (Flávio Bolsonaro obtuvo el 47.03%, mientras que Lula obtuvo el 45.16%). UBS considera ahora como escenario base un ajuste fiscal “más profundo y duradero”, ante la posibilidad de un cambio de gobierno y el fortalecimiento de la derecha en el Congreso. J.P. Morgan también observa espacio para reformas fiscales, aunque advierte que todavía falta saber cómo se estabilizará una deuda pública que supera el 82% del PBI. Pero la elección brasileña merece también una lectura política obligatoria.
Hace algunos meses, Brian Winter planteó en Foreign Affairs que el actual giro de América Latina hacia la derecha podía ser algo más que otro movimiento cíclico. La inseguridad aparece como uno de sus principales motores. En Brasil y Perú ya figuraba entre las mayores preocupaciones de los electores.
El problema para la democracia surge cuando la respuesta a esa inseguridad empieza a justificar restricciones de derechos. El Latinobarómetro 2026, publicado apenas dos días antes de las elecciones brasileñas, ofrece un dato incómodo. El 52% de los latinoamericanos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Otro 52% afirma que no le importaría que llegara al poder un gobierno no democrático si resolviera los problemas. Las preguntas son distintas y no necesariamente contestan de esa manera las mismas personas. Sin embargo, la coincidencia revela una tensión: para una parte importante de la población, el respaldo a la democracia depende de su capacidad para producir resultados.
La seguridad hace especialmente delicada esa relación. El 79% considera que el crimen organizado tiene mucho o bastante poder y el 63% acepta que “un poco de mano dura” del gobierno no viene mal.
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Ese 63% no equivale a respaldar la suspensión del debido proceso o de otras libertades. Pero la experiencia regional muestra que ese intercambio puede producirse. Nayib Bukele redujo drásticamente los homicidios en El Salvador y alcanzó una enorme popularidad mientras su Gobierno mantenía un régimen de excepción, realizaba encarcelamientos masivos y restringía garantías constitucionales. Muchos quieren imitarlo.
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Ahí encuentro uno de los mayores riesgos políticos de la región: que los ciudadanos, frustrados por Estados incapaces de proporcionar seguridad, terminen considerando algunas libertades individuales como un costo fácilmente prescindible a cambio de resultados.
El avance de la ultraderecha añade otra dimensión. Conviene distinguirla de la derecha democrática. La alternancia ideológica forma parte de cualquier democracia. El riesgo aparece en movimientos que desconocen resultados electorales o atacan la independencia de las instituciones.
Ello ocurrió en Brasil. Jair Bolsonaro cumple una condena por conspirar para impedir la alternancia después de perder las elecciones del 2022. Ahora, el Partido Liberal (PL), salió fortalecido de las urnas y una de las prioridades declaradas por su hijo Flávio es conseguir una amnistía para el expresidente.
Por eso resulta insuficiente observar Brasil a través de un solo cristal. Las reformas económicas que reduzcan el déficit, atraigan inversión y eleven el crecimiento serían positivas. También importa bajo qué reglas se consiguen.
Perú enfrenta una tensión parecida. El apoyo a la democracia subió a 53%, mientras 90% considera que el crimen organizado tiene mucho o bastante poder y 67% cree que estamos perdiendo la batalla contra él. La incapacidad del Estado para garantizar seguridad amplía el espacio para propuestas que ofrecen resultados rápidos a cambio de mayores facultades y menos derechos garantizados.
La seguridad es un elemento crucial. Las libertades individuales y el debido proceso también lo son. Renunciar a estos últimos puede producir resultados inmediatos, pero recuperarlos después suele ser bastante más difícil.
Moisés Navarro Palacios es editor de Opinión de Gestión.
