El lunes 13 de octubre es una fecha clave en el calendario electoral peruano, pues vence el plazo para que renuncien a sus cargos los altos funcionarios públicos que decidan postular en las elecciones generales del 2026 –presidente, ministros, viceministros, gobernadores y vicegobernadores regionales, alcaldes, militares y policías, entre otros–. Esta norma, dictada por el JNE, podría servir como candado y evitar, en lo posible, que los renunciantes-candidatos hagan uso indebido de los recursos de las entidades en las que laboraban, tanto financieros como logísticos.
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Sin embargo, existen otros grupos de poder cuya influencia electoral será casi imposible detectar, supervisar y controlar. Se trata de las llamadas “economías ilegales” que en la última década se han extendido en sectores como minería y forestería, además de la intensificación del crimen organizado, el narcotráfico y el tráfico de terrenos. “Nos causa preocupación la influencia que tendrían las economías ilegales, en particular la minería ilegal, durante la campaña y proceso electoral”, alertó la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, en la reciente cumbre Perumin 37.
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Agregó que estas organizaciones que operan al margen de la ley tratarán de infiltrarse en los partidos políticos para promover candidaturas afines a sus intereses y destinarán parte de sus ganancias para tal fin. Es que a la minería ilegal, en especial a la aurífera, le sobra el dinero –el oro acaba de alcanzar una cotización récord–. Encima, sus costos laborales son mínimos, no asume pasivos ambientales y no paga impuestos.
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Si bien la minería ilegal no goza de la simpatía del grueso de la ciudadanía, como se pudo comprobar en julio con las protestas de mineros que se autoperciben como “artesanales”, para ganar un escaño no será necesario obtener decenas de miles de votos. Bastará con aprovechar bolsones electorales en zonas que dependen de la minería ilegal, en el hipotético caso de que surjan candidatos financiados ilícitamente. Tampoco se puede descartar que actividades informales respalden a postulantes para que defiendan sus intereses si son elegidos.
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El Gobierno de Boluarte y el Congreso no harán nada para combatir las economías ilegales y el crimen organizado –más allá de la conformación de mesas de trabajo o comisiones especiales–. Pero la responsabilidad de verificar la idoneidad de los futuros diputados y senadores recae en los partidos políticos. Para empezar, tendrían que ser transparentes con la procedencia de sus fondos de campaña.
