Escribe: Elena Conterno, especialista en políticas públicas
La actuación fiscal en relación a la Central Hidroeléctrica de Chaglla presenta una paradoja: mientras investigaba el proceso de licitación en que resultó adjudicada la producción de esta central, avaló que Odebrecht la vendiese a un tercero y se quedase con parte de la venta. Más paradójico aún que mantenga la investigación, a pesar de haberla iniciado hace 10 años y no tener indicios mínimos de delito.
Como una de las investigadas, doy fe de lo absurda de la situación.
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Vayamos a los hechos. El proceso de licitación atrajo a nueve postores, de los cuales seis presentaron propuestas; no fueron uno, ni dos, fueron seis. El proceso buscaba promover la construcción de centrales, de tal manera que hubiese energía que siguiera acompañando el crecimiento del país.
Por cierto, una cosa es comprar energía proveniente de centrales existentes y otra comprometerse a comprar energía de centrales que no existen (y tardan 5 años en construirse) para así ampliar la capacidad de generación y evitar racionamiento y subida de precios. Que el frenazo de Ollanta Humala a la economía y las distorsiones regulatorias hayan deprimido los precios en el mercado eléctrico, no significa nada sobre los competitivos de los precios logrados en la licitación.
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Al respecto, la licitación culminó con la adjudicación a tres empresas diferentes, para totalizar los 500 MW requeridos, las cuales debían construir centrales con sus propios recursos –sin que el Estado pusiese un sol–; el compromiso del Estado era comprarles parte de su producción, al precio que resultó en la licitación. Algo importante: se obtuvo un precio más favorable al Estado que el logrado en un proceso similar un año antes (proyecto Cheves).
Estos hechos difícilmente sugieren un proceso direccionado o corrupto. De hecho, según el Reporte del Proceso de Promoción de la Inversión Privada de marzo del 2024, esta licitación fue “uno de los procesos más competitivos de la región (…) por nueva oferta y precio es un gran éxito, pues representa el 20% de la demanda nacional”.
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Sin embargo, quienes fuimos parte de este proceso seguimos bajo investigación por una supuesta colusión donde, increíblemente, la fiscalía aún no identifica con quién y para qué supuestamente nos coludimos, ni tampoco reuniones irregulares, llamadas sospechosas o pagos indebidos. Al respecto, cabe mencionar que (i) aquí no hay pagos a políticos como Toledo; (ii) el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht se refiere en profundidad a cuatro proyectos y da información sobre otros 13; ninguno de ellos Chaglla; (iii) el sistema nacional de control no estableció observaciones a lo actuado; y, (iv) la central se vendió a un valor casi igual a lo invertido: US$ 1,390 millones, mientras que la inversión ascendió a US$ 1,247 millones (Osinergmin, Informe de Supervisión, enero de 2020).
La realidad ha demostrado el acierto de las decisiones que se tomaron. Si no se hubieran construido estas centrales, el sistema eléctrico tendría que recurrir constantemente a la generación térmica a diesel para atender la demanda, con el consiguiente incremento en los precios de la energía.
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En simultáneo a la investigación, la Procuraduría del Ministerio de Justicia, la Fiscalía, el Poder Judicial, Electroperú y el Ministerio de Economía y Finanzas avalaron en el 2019 la venta de Chaglla. Los equipos técnicos y legales de estas entidades evaluaron y aprobaron la operación. Si existían dudas sobre la integridad del proceso, ¿por qué no invocaron la cláusula anticorrupción que pusimos en este contrato? ¿Por qué no lo hacen ahora? No lo hicieron ni lo hacen porque no hay ningún indicio mínimo de que haya habido corrupción. La investigación solo se sustenta en conjeturas y mucho desconocimiento técnico.
Por lo expuesto, resulta un contrasentido continuar la investigación fiscal así como hablar de “concertación” o “perjuicio económico”, que solo resultaría de un “razonamiento injustificado” y muy novelesco de la Fiscalía. La investigación flota en el aire, sin sustento concreto que la respalde.
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Esta actuación explica por qué el 80% de la ciudadanía desconfía de la Fiscalía. No sorprende: sin ninguna consecuencia ni rendir cuentas, mantiene abiertas investigaciones sin pruebas durante años.
El daño trasciende la pérdida de confianza ciudadana. Tiene un efecto devastador en la capacidad del Estado para atraer y retener talento. Los profesionales competentes e íntegros no están dispuestos a arriesgar sus carreras cuando la retribución por un trabajo técnico realizado dentro del marco legal y rol funcional puede ser una persecución de años.
La Fiscalía debe recuperar su credibilidad. Necesitamos un sistema de justicia que persiga el delito con rigor, no uno abusivo y arbitrario que ahuyenta el talento con investigaciones interminables y sin sustento. La meritocracia y las decisiones técnicas no se negocian; tampoco el derecho a un debido proceso.
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