Escribe: Hania Pérez de Cuéllar, exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
El megapuerto de Chancay contribuirá con 1.8% del PBI anual, superando el impacto económico del sector pesquero y redefinirá la posición del Perú en el comercio del Pacífico. Este potencial solo se materializará si el corredor Lima–Chancay–Huaral cuenta con la infraestructura adecuada, lo que requiere una intervención pública firme, con dirección estratégica y visión de futuro.
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Durante APEC 2024, con el optimismo de quienes creemos que el porvenir nos debe varias victorias, repetíamos: “De Chancay a Shanghái”, celebrando la inauguración del puerto que hará del Perú el hub logístico más importante de la cuenca del Pacífico. El entusiasmo sucumbió, recientemente, con la caída del puente que une el sur del Perú con el puerto y la proyectada ciudad puerto de Chancay. Un suceso luctuoso por la pérdida de vidas humanas que nos devuelve a la realidad de un país donde el progreso se anuncia con fanfarrias, pero la infraestructura para sostenerlo se desmorona.
Los pueblos no avanzan con promesas sino con carreteras bien trazadas y con la infraestructura que transforma el progreso en algo tangible. La tragedia del puente nos confronta con una verdad incómoda: de poco sirve aspirar a mucho si tropezamos con nuestras propias ruinas.
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La crisis de infraestructura no es nueva ni responsabilidad exclusiva del gobierno actual; es la consecuencia de décadas de postergaciones y decisiones nunca tomadas de proyectos que duermen en algún archivo ministerial.
El desarrollo pasa por transformar las obras estratégicas en servicios brindados, cimentando sobre ellas la competitividad y el bienestar socio-económico.
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En esa dirección, bajo mi gestión, el Ministerio de Vivienda formuló los Planes de Desarrollo Urbano (PDU) de Chancay, Huaral y Aucallama, junto con el Plan de Acondicionamiento Territorial de Huaral. Estos instrumentos son clave para una planificación territorial ordenada, el uso adecuado del suelo, la reducción de brechas de infraestructura y el crecimiento sostenido. La realidad, lamentablemente, permanece inamovible y genera alarma sabiendo que el PDU de Chancay reveló que 20% de la población no tiene acceso al agua potable, 65% de sus vías siguen sin pavimentar y 48% del equipamiento urbano no se ha implementado.
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El ministerio delineó una ruta y una cartera de proyectos para transformar a Chancay en lo que está llamado a ser: una ciudad puerto de nivel mundial. Pero en el Perú, capital del “mundo al revés”, el municipio provincial de Huaral mantiene el PDU en el limbo desde hace cinco meses, pese al respaldo de los colegios profesionales correspondientes y de distintos sectores especializados. ¿La razón? Ojalá sea la burocracia. Este retraso administrativo y la inacción provincial perpetúan el tráfico de tierras, el caos urbano y las propuestas descabelladas de congresistas que aprovechan la incertidumbre para promover ideas que no benefician a la propuesta ciudad puerto de Chancay, pero quizás sí a terceros.
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El Ejecutivo ha conformado comisiones y encargó a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) priorizar y financiar las obras más urgentes. Lograrlo requiere de la intervención estatal decidida, de un MEF proactivo y una visión estratégica definida. El riesgo es que todo quede enredado en el laberinto de la burocracia, ese “arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil”, como la definía Carlos Castillo Peraza, político, periodista y filósofo mexicano.
El PDU de Chancay aguarda luz verde de la municipalidad de Huaral o en su defecto que el gobierno nacional reafirme la planificación como política de Estado. No aprobarlo es una confesión de ineptitud, una declaración tácita de incapacidad para edificar una ciudad puerto que, en esencia, aspire a reflejar siquiera un fragmento del dinamismo de Shanghái. Esta gran oportunidad histórica, ¿integrará la larga lista de promesas incumplidas?
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