La inclusión en el padrón electoral del domicilio y la huella dactilar de todos los votantes del país es reciente. Es parte de las modificaciones que el actual Congreso hizo a la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), específicamente en el artículo 203, que enumera los datos que dicha nómina debe consignar. Ya figuraban nombres y apellidos, código único de identificación, fotografía y firma digitalizadas, así como distrito, provincia, departamento y número de mesa de sufragio de cada inscrito. La adición del domicilio y la foto de la huella dactilar forma parte de la Ley 32264, aprobada por el Congreso, y promulgada por Dina Boluarte el 20 de marzo de este año.
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Por lo visto, no se reparó en el riesgo que implicaba publicar esa nueva información, pues facilitaría el accionar de delincuentes dedicados a la extorsión y al fraude digital. De hecho, muchos datos que estaban previamente autorizados ya constituían un insumo valioso para la delincuencia –como la fotografía del elector y su firma digitalizada–. Recién cuando el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicó el padrón electoral inicial en internet, el lunes, estalló el escándalo. Dado que está obligado por ley a tenerlo disponible durante cinco días, lo retirará de su sitio web hoy viernes. Pero probablemente quedará en otras bases de datos, como las que maneja el crimen organizado.
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Reniec justificó la publicación de datos delicados precisamente en el modificado artículo 203 de la Ley Orgánica de Elecciones y tras el lío que se armó, dijo que había “aumentado medidas de seguridad” para el acceso al padrón, como reducir de diez a un minuto el tiempo de consulta, pero el daño ya está hecho. Y si Reniec se lavó las manos apelando a una ley, cabría recordarle que otra, la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733, promulgada el 2011), ordena que los datos personales solo pueden ser objeto de tratamiento con consentimiento de su titular. Además, el derecho a la intimidad está consagrado por la Constitución.
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Hablando del manejo de datos que va en contra de la legislación y de la propia Carta Magna, cabría preguntarse cómo obtienen las mafias información personal, incluidos números telefónicos, pues aparte del robo de celulares, existe la venta clandestina (aunque a plena luz del día) de bases de datos. Si el Gobierno de José Jerí busca combatir la delincuencia, detectar y detener a quienes se dedican a ese negocio ilícito tiene que formar parte de su estrategia. Si es que realmente tiene una que incluya labores de inteligencia policial.
