Escribe: Paola del Carpio Ponce, coordinadora de Investigación en Redes
Esta semana se dio el inicio del año escolar para las escuelas públicas, que atienden a más de 6 millones de estudiantes a nivel nacional. La educación es clave para el bienestar de las familias, así como la productividad y crecimiento del país. Sin embargo, enfrenta múltiples retos que año a año se analizan con un diagnóstico similar. Factores como la infraestructura, la calidad docente, la institucionalidad del sector y la inseguridad alimentaria venían ya afectando el aprendizaje, a pesar de la mayor cantidad de recursos del sector. A todos estos retos, se suma uno nuevo y alarmante para las familias: la inseguridad ciudadana ha alcanzado a nuestras escuelas, afectando su capacidad de operar.
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Educación es el sector con mayor presupuesto, alrededor de un quinto del presupuesto público total. El presupuesto del sector ha crecido considerablemente con los años: 75% entre 2018 y 2025. La mayor parte de estos incrementos se han destinado a gastos en remuneraciones y en menor medida a rubros como la inversión en infraestructura, materiales o innovación.
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A pesar de los mayores recursos e incentivos, los logros de aprendizaje cuentan una historia distinta: dos de cada tres estudiantes de cuarto de primaria no alcanzan resultados satisfactorios en lectura, marcándose diferencias entre zonas geográficas y regiones. De acuerdo con el BID, los estudiantes peruanos de 15 años tienen en promedio cuatro años de retraso en comparación a los estudiantes de países de la OCDE. Así, es claro que el presupuesto por sí solo no alcanza para cambiar esta situación. Necesitamos mejor gestión y esto se dificulta enormemente si el tiempo promedio de gestión de un ministro de educación ha pasado de 30.5 meses en el periodo 2016-2021 a 5.5 en el periodo 2021-2026, según el observatorio de Videnza Instituto.
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La evidencia indica que, después de las condiciones del hogar e individuales de cada estudiante, los docentes son el factor más determinante para el logro de aprendizajes. Se han dado avances importantes para mejorar las condiciones laborales de los docentes en la carrera pública. Por ejemplo, en los últimos 10 años el piso salarial se ha duplicado. A pesar de ello, la Encuesta Nacional de Logros de Aprendizaje muestra que uno de cada cuatro directores de escuelas públicas considera que sus docentes están poco capacitados para la enseñanza y el 15%, que tienen poco interés por el aprendizaje de sus alumnos. Cada año, se quedan plazas sin cubrir en la carrera pública magisterial (más de la mitad en el 2024). El fortalecimiento de la educación superior pedagógica y la capacitación sistemática de maestros en carrera es urgente. No obstante, desde el Congreso se ha optado por favorecer a docentes que no cumplen con estándares mínimos.
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Otra preocupación recurrente es la infraestructura de las escuelas. Según información del Minedu, la mitad de los colegios públicos a nivel nacional está en condiciones que requieren demolición. Además, solo cuatro de cada 10 colegios cuentan con acceso adecuado a los servicios de luz, agua y alcantarillado simultáneamente Se estima que, para tener escuelas en óptimas condiciones, la brecha de infraestructura educativa es de 165 mil millones de soles, más de 3 veces el presupuesto entero del sector. La colaboración público-privada es crítica si se quiere cerrar esta brecha con celeridad.
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El nuevo gran reto es la inseguridad ciudadana. Se vienen registrando casos de colegios privados extorsionados, con amenazas de incluso atentar contra estudiantes. Con todos los problemas que tiene y ha tenido el Perú, esto resulta algo inédito y una preocupante muestra de nuestro estado como sociedad. Ante ello, se ha desplegado presencia policial en coordinación con estas escuelas privadas. Sin embargo, el avance del crimen no se está deteniendo y va a ser necesaria una estrategia multisectorial que sea sostenible en el tiempo. Es lamentable ver cómo a pesar del peligroso avance de la delincuencia, se hayan promovido normas que la favorecen o se insista en estados de emergencia que, la evidencia lo muestra, no traen resultados tangibles. Si se deja avanzar más a la extorsión en las escuelas, incluso los logros de la cobertura del servicio educativo podrían verse comprometidos. Además, ante la decisión de tener clases virtuales para proteger a la comunidad educativa, las brechas entre los alumnos se seguirán acrecentando.
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En suma, este nuevo año escolar enfrenta los usuales desafíos de la educación en nuestro país, sumando uno nuevo que debe ser tomado en serio. La celeridad en la respuesta del Estado es crítica. Mientras sigamos sin resolver los problemas estructurales del sistema educativo, seguiremos atrapados en el círculo vicioso de baja productividad, informalidad y crecimiento económico insuficiente. Cada año sin cambios es una generación de jóvenes con menos oportunidades de progreso a la cual le hemos fallado. No hay tiempo que perder.
