El conflicto de poderes que hoy se atraviesa en la Fiscalía de la Nación, desatado por la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de declarar nula la destitución que esa misma entidad le había impuesto a Patricia Benavides y de ordenar su reposición como fiscal de la Nación, aún no tiene final pacífico a la vista. Lamentablemente, si una cosa queda clara es que, más allá de quién termine siendo ratificado como titular de la Fiscalía, el prestigio y la confianza pública en un organismo tan importante como este sufrirán un nuevo golpe.
Quizá el aspecto más desesperanzador de este enfrentamiento es que, si bien todos sabemos desde hace mucho que en nuestro sistema de justicia urge una reforma integral, la JNJ es una de las pocas partes de ese sistema que sí se había reformado. Como se recuerda, tras la crisis en la que entró el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), los peruanos votamos en el referéndum del 2018 para reemplazar a esta entidad por la actual JNJ, con la esperanza de aumentar los estándares de transparencia, reducir la posibilidad de injerencias políticas y mejorar la selección de jueces y fiscales en general.
Los cambios que se hicieron a la Constitución no fueron menores. A diferencia del mecanismo de selección que existía para elegir al antiguo CNM, se implementó uno más novedoso, que implica un concurso público dirigido por una comisión especial. Esta comisión, a su vez, está integrada por titulares de varios organismos constitucionales autónomos, del Poder Judicial y de universidades públicas y privadas. Sin embargo, a la luz de todas las polémicas en las que se ha visto envuelta esta entidad en los últimos tiempos, hoy parece claro que no se han logrado alcanzar aquellas esperanzas que inicialmente se tuvieron.
¿Qué hacer ante este escenario? ¿Cómo salir de esta crisis de desconfianza y de falta de institucionalidad, y comenzar a construir un sistema de justicia profesional, transparente y accesible para todos?
Por supuesto, no existe una única vía posible. Pero cualquier camino que pueda eventualmente ser exitoso debe pasar por asegurar que nuestras instituciones de justicia se alejen lo más posible de la política. Regresar a modelos en los que el Ejecutivo y el Congreso eligen a los jueces y fiscales no sería recomendable en un país con una democracia y partidos políticos tan débiles como los que tenemos. Peor aún si consideramos que la criminalidad ya ha ingresado a la política.
Urge que la crisis en el Ministerio Público se supere cuanto antes, respetando los más altos estándares de transparencia y el sustento jurídico de las decisiones. Pero, una vez que esto ocurra, será vital retomar cuanto antes la agenda de la reforma judicial.
