Escribe: Carolina Trivelli, economista del IEP
El Perú enfrenta un severo problema de inseguridad alimentaria. Si bien el último reporte sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición preparado por varias organizaciones del sistema de Naciones Unidas (FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS) da cuenta de una mejora en los niveles de inseguridad alimentaria en el Perú, esta aún alcanza a 41% de los peruanos, cerca de 13.9 millones de compatriotas.
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Esta cifra no solo es muy alta (a pesar de ser menor que el 51% reportado el año anterior) en términos absolutos, sino que es mucho mayor que la reportada en el resto de los países de América del Sur (25%) y superior en casi 5 millones de personas al número de personas en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa reportada para el Perú hace una década. Es, sin duda, un problema serio. Millones de peruanos no tienen certeza de si podrán sostener su consumo de alimentos en el futuro cercano.
El hambre en el Perú es una consecuencia del acceso económico limitado a alimentos (disponibles en los mercados) de las familias peruanas". (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)
La alta inseguridad alimentaria se condice con el deterioro de otras medidas relacionadas con el hambre. La pobreza extrema, que por definición recoge el número de personas que, hagan lo hagan, enfrentan una situación de hambre (no logran cubrir la canasta básica alimentaria —no pueden acceder al número mínimo de calorías que necesita el ser humano—) hoy alcanza a más del doble de peruanos que antes de la pandemia. Actualmente, 5.5% de los peruanos, casi 2 millones de personas, están en pobreza extrema (la mitad en centros urbanos y la otra mitad en el Perú rural) según los datos del INEI para el 2024. Del mismo modo, cerca del 40% de los ciudadanos aún responden que alguna vez en los últimos 3 meses se quedaron sin alimentos en su hogar por falta de dinero o recursos (IEP, 2024). El hambre en el Perú es una consecuencia del acceso económico limitado a alimentos (disponibles en los mercados) de las familias peruanas.
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La inseguridad alimentaria y el hambre limitan las posibilidades de desarrollo de los ciudadanos y tienen consecuencias de mediano y largo plazo, sobre todo cuando, como ya se observa en el Perú, impactan en la nutrición de los niños (sea a través de problemas como la desnutrición, anemia o de sobrepeso y obesidad, causada por la ingesta de alimentos baratos no nutritivos).
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La inseguridad alimentaria y el hambre no son un problema de quienes padecen estos problemas; son un problema de política pública. Sobre todo, cuando tienen magnitudes tan grandes como las registradas en el Perú.
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Como hemos discutido en otros artículos, no hay acciones efectivas en marcha para enfrentar estos problemas alimentarios. Ante ello, resulta muy interesante el ejercicio que han realizado dos expertos en temas de lucha contra el hambre por encargo del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) que fue presentado hace un par de días. Eugenio Díaz Bonilla (IICA/IFPRI) y Tewodaj Mogues (del Fondo Monetario Internacional) han calculado cuánto costaría acabar con el hambre en nuestra región. Si bien no han hecho pública una cuantificación para cada país, traen dos mensajes claros. El primero, que sería posible acabar con el hambre en América Latina y Caribe a un costo razonable. Y, el segundo, que esto podría hacerse usando mecanismos que los países ya usan para otros programas de corte social, las transferencias monetarias.
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En su estudio, Díaz-Bonilla y Mogues encuentran que acabar con el hambre en la mayor parte de los países de la región (excluyendo a Haití) costaría entre 0,2 % y 0,86% del PBI (dependiendo de cómo se calcule la magnitud del problema) adicionales a lo que hoy se hace en cada país, y que esto podría lograrse implementando un sistema de transferencias para quienes enfrentan una situación de hambre.
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Es cierto que es un ejercicio teórico y que su implementación enfrentaría enormes retos operativos (se requiere un esquema de focalización dinámico y muy preciso que ningún país tiene, una alta efectividad en la implementación, etc.), pero resulta interesante tener un estimado, un orden de magnitud, que revela que no es descabellado pensar, y quizás comenzar a exigir, que se elimine el hambre. Sería una muy buena inversión de nuestros alicaídos ingresos tributarios y no sería un programa social con costos muy distintos a varios de los programas ya existentes.
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Recordemos que, en el 2019, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estimó que la malnutrición en el Perú nos cuesta más del 4% del PBI. Si es así, podemos eliminar el hambre con menos del 1% del PBI y con ello ahorraríamos parte de esos 4 puntos perdidos por mala nutrición. Quizás incluso podríamos eliminar el hambre sin gastar de más. Vale la pena adaptar y hacer los cálculos que proponen Díaz Bonilla y Mogues para el Perú, evaluar las opciones de implementación y su potencial costo-beneficio.
Magister en Economía Agraria por The Pennsylvania State University y Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ex Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
