Hace bastante tiempo que los peruanos sabemos que la economía viene de mal en peor. La acumulación de indicadores económicos que confirmarían que estamos en un escenario de recesión técnica no dejan de sumarse. Ya varios estamos estimando que el escenario más optimista de crecimiento en el 2023 estará entre el 0% y el 1%. Y es que para intentar obtener un crecimiento que supere ese rango, se requiere un dinamismo que no se ha visto en el pasado reciente, que no se aprecia hoy y que tampoco se anticipa en el futuro próximo.
Es injusto achacarle toda la responsabilidad de nuestras dolencias económicas a un Gobierno que de manera accidentada ha tenido que rearmarse después del reciente golpe de Estado de Pedro Castillo. Este último nos dejó una herencia enorme de incompetencia, corrupción y destrucción del aparato estatal en poco más de año y medio que ha terminado acentuando la inestabilidad política y desconfianza cosechada desde hace una década.
Pero si bien el Gobierno de la presidenta Boluarte no es la causante de todo este entuerto, su responsabilidad sí se irá incrementándo en tanto no tenga clara la evidencia real de nuestra problemática y no actúe en consecuencia. Un primer elemento a considerar es entender que las típicas medidas de inyectar recursos fiscales y que se basan en anuncios de millones de un programa por aquí, y otro por allá, no van a solucionar nada y menos aún reactivar la confianza de la inversión privada en un momento en el que la competitividad peruana se viene desintegrando. Y este es justamente el segundo elemento a tomar nota: sin políticas decididas en el corto plazo que den señales de que nuestra capacidad de crecer sostenidamente está mejorando, no habrá ni reactivación ni recuperación de la confianza.
Esta última década de deterioro de nuestra competitividad puede compararse con un automóvil que venía recorriendo el camino hacia la prosperidad con un buen ritmo y que luego al dueño se le olvidó hacerle mantenimiento, para ir perdiendo velocidad hasta encontrarse hoy detenido, con las llantas bajas y oxidándose. Así, anunciar solamente programas donde se van a gastar miles de millones de soles adicionales es como querer inyectarle gasolina a este vehículo oxidado que no va a andar ni a balas. En cambio, las políticas de competitividad buscan, por el contrario, arreglar el carro para que en el corto plazo este empiece por fin a andar, y correr eventualmente en el largo plazo.
Es una excelente noticia que el ministro de Economía haya anunciado recientemente que va a retomar la agenda del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), cuyo desarrollo se encuentra recogido en la institucionalidad del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF) que integra la colaboración del sector público, el sector privado y la academia. Para el MEF, tener a la mano el CNCF le brinda una herramienta potente, quizá la única, en la que puede integrar el trabajo de todos los actores económicos con acciones concretas alrededor de un plan que ha tenido progresos y que tienen que retomarse con urgencia.
El CNCF debiera articular sin perder el tiempo las acciones de competitividad con el sector privado para el diseño e implementación de políticas públicas generadoras de crecimiento sostenible y bienestar que, si bien están enfocadas en tratar problemáticas que tienen un perfil de desarrollo en el largo plazo, pueden empezar a tener impacto inmediato en el corto plazo, aprovechando espacios que se están desarrollando en la actualidad. Por ejemplo, para el impulso del plan de infraestructura, muy bien se puede aprovechar la recientemente creada Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) que, si se cumple el principio de nutrirla técnicamente y con las mejores prácticas, ayudaría al cierre de brechas si se le da rápidamente proyectos de envergadura como Majes donde el concesionario actual no tiene capacidad de tener un equipo ni siquiera para negociar. En la misma línea, se puede aprovechar en darle vida al régimen Servir con las acciones establecidas en el programa Con Punche Perú para la contratación de servidores públicos para potenciar la ejecución de las inversiones, lo que implicaría hacer de esta política un paso permanente y no temporal como está establecido ahora.
Y también se puede utilizar el espacio del CNCF para articular su plan con el trabajo que viene desarrollando el Equipo Especializado del Seguimiento de la Inversión (EESI) del MEF poniendo en marcha con celeridad la Ventanilla Única Digital Minero-Energético (VUDME), con el fin de hacer factible que esa cartera de US$ 60 mil millones, que tiene uno de los principales motores sectoriales de la productividad peruana, se haga factible.
Estas son solo algunas ideas para salir verdaderamente del hoyo en que nos encontramos. Si el Gobierno no potencia el Plan Nacional de Competitividad y Productividad ya, nuestras esperanzas de crecer, reducir pobreza y generar bienestar irán indefectiblemente desmoronándose.
