Escribe: Luis Alberto Arias Minaya, economista.
La segunda quincena de mayo ha estado marcada por eventos importantes para las finanzas públicas: en primer lugar, se produjo un nuevo cambio de ministro de economía, el cuarto en el Gobierno de Boluarte, además, el Congreso redujo el Impuesto General a las Ventas (IGV) y aumentó el Impuesto de Promoción Municipal (IPM). Por otro lado, el nuevo titular del MEF anunció que se volverá a elevar el techo del déficit para evitar incumplir la regla fiscal por tercer año consecutivo.
La reducción del IGV en dos puntos porcentuales (de 16% a 14%) y el aumento del IPM (de 2% a 4%) en un monto similar no tendrá ningún efecto para los consumidores ni para las empresas pues el monto que pagarán y cobrarán ambos seguirá siendo el mismo, es decir el 18%. Por esta razón la recaudación no se verá afectada.
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Donde sí impactará esta medida es en el gasto público. Los municipios al recibir más recursos, vía transferencias del FONCOMUN, gastarán más. El monto de las mayores transferencias se elevará gradualmente en los próximos cuatro años a partir del 2026, alcanzando alrededor de 11 mil millones de soles en el 2029. Se trata sin ninguna duda de una obligación implícita que el actual régimen le está creando al próximo y a los futuros gobiernos.
El Gobierno Nacional no podrá fácilmente revertir esta medida, su gasto es rígido, buena parte está constituido por planillas, pensiones y programa sociales. Será difícil que este gasto sea disminuido para contrarrestar el aumento del gasto municipal. La única forma de hacer frente a este recorte de sus recursos sería reduciendo el gasto de capital en carreteras, por ejemplo, o tomando más deuda pública. Lo más probable es que pase lo segundo.
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Confirma mi opinión que el déficit fiscal se incrementará por mayor gasto público el hecho que junto con el anuncio del nuevo ministro de economía que no observará la norma del Congreso, ha anunciado que pedirá al Congreso eleve el techo fiscal para este año lo que conllevará en un aumento de dicho techo para los años siguientes y eventualmente en una extensión de la convergencia del déficit hacia el 1% del PBI, un año más hasta el 2029. Es fácil trasladarle la responsabilidad del ajuste fiscal (hoy llamada eufemísticamente consolidación fiscal) al próximo Gobierno.
Esta medida se da en un contexto de un déficit fiscal que ha excedido la regla fiscal durante dos años consecutivos y no está disminuyendo como algunos analistas se han aventurado en señalar. El déficit ha crecido desde 1.7% del PBI en el año 2022 hasta 2.7% del PBI en el 2023 y a 3.5% del PBI en el 2024, para luego caer a 2.9% del PBI en los últimos doce meses hasta abril del presente año. Pero tanto el aumento excesivo del 2024 como la disminución del 2025 se deben a factores extraordinarios, el rescate a Petroperú y el pago de regularización, respectivamente. Si excluimos ambos eventos el déficit fiscal se mantiene en alrededor de 3% del PBI, una cifra insostenible para los niveles de crecimiento del PBI actuales. No olvidemos, además, que estos niveles de déficit los estamos teniendo en un contexto de buenos precios de minerales. En situaciones similares solíamos tener superávits fiscales, algo que omiten comentar los defensores de las políticas fiscales de los últimos ministros de economía.
La medida comentada carece de cualquier sustento técnico. Tanto el presidente de la Comisión de Economía del Congreso como el ministro Pérez Reyes han señalado que la medida no tiene impacto fiscal. Para aseverar esto el ministro ha insinuado que recortará otras transferencias a los municipios, las que se financian no con el FONCOMUN sino con los impuestos que recauda el Gobierno. Ese recorte no será sencillo, primero porque el monto que se financia con impuestos no alcanza ni a la mitad de los 11 mil millones y segundo porque los alcaldes están acostumbrados a pedir siempre más.
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La medida de elevar el FONCOMUN tiene además otros efectos perniciosos:
- Aumenta la dependencia de los municipios de transferencias, lo que claramente no es descentralización fiscal. Ello aumentará la “pereza fiscal” de las municipalidades por mejorar la recaudación de sus ingresos propios (predial, arbitrios, alcabala).
- Contribuirá a una mayor atomización de la inversión pública, al concentrase en obras pequeñas de cerca de 2,000 municipalidades, cuando lo que se debería buscar son obras de mayor envergadura a cargo del gobierno nacional y de los gobiernos regionales.
- Permitirá que las municipalidades aumenten no solo sus gastos de inversión, que es lo que busca la norma, sino también sus gastos corrientes: planillas, bienes y servicios. En la actualidad más del 75 por ciento del FONCOMUN se usa en gasto corriente y solo el 20 por ciento en inversión. Los mayores recursos que recibirán liberarán para libre disponibilidad ese 20 por ciento que hoy se gasta en inversión.
- Aumentará los gastos rígidos del presupuesto. La literatura señala que en los sistemas de coparticipación cualquier aumento de la recaudación del IGV automáticamente causará una mayor recaudación del IPM sin ningún esfuerzo municipal. Esto a su vez, limitará la capacidad del fisco para realizar política fiscal contra cíclica cuando la coyuntura económica lo amerite.
- Incrementará los niveles de corrupción en la ejecución de obras públicas.
- Finalmente, el FONCOMUN que no se gasta no retorna al Tesoro Público, se mantiene como ahorro de las municipalidades, a diferencia del financiamiento de obras con recursos ordinarios de los impuestos.
En resumen, se trata de una política populista para beneficiar a los alcaldes de los partidos políticos que han impulsado la Ley de marras, una abiertamente contra la Constitución, la cual señala que el Congreso no puede crear gasto público.
