El Tribunal Constitucional (TC) está próximo a debatir la demanda competencial planteada por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, en la cual se denuncia un supuesto “menoscabo” en el adecuado ejercicio de sus competencias y funciones. Esto, debido a que se le está investigando por delitos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución.
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Según este artículo, el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; impedir elecciones; disolver inconstitucionalmente el Congreso; o impedir el funcionamiento del Congreso o de los organismos electorales. Por ello, el Gobierno pretende que cesen las investigaciones por asuntos no contemplados en esa lista, como las pesquisas por los fallecidos en las protestas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, su presunto abandono del cargo para someterse a una cirugía estética o el ‘caso Rolex’.
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Lo particular de esta situación es que algunas de las mismas voces que hoy defienden una interpretación favorable a la presidenta no sostuvieron la misma postura cuando, durante el Gobierno de Pedro Castillo, se interpretó que la Fiscalía sí podía investigar al presidente. El límite, según se aclaró entonces, estaba en que no podía pasarse a la fase de acusación mientras el presidente acusado siguiera en el cargo.
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De hecho, parte de los cargos que hoy enfrenta Castillo se originaron precisamente en esas investigaciones. Por lo mismo, si el TC decidiera darle la razón al actual Gobierno, esto podría favorecer indirectamente a Castillo, ya que podría solicitar que se declare nulo todo lo presentado por la Fiscalía que haya sido fruto de las investigaciones iniciadas cuando él aún era presidente.
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Lo cierto es que, más allá de los casos particulares, la decisión del fiscal supremo Pablo Sánchez –ratificada luego por la exfiscal Patricia Benavides– de modificar el precedente para interpretar que sí es posible investigar al presidente durante su mandato parece no solo la más sensata, sino también la interpretación que mayor confianza podría brindar.
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En lugar de intentar bloquear las investigaciones en su contra, la presidenta podría optar por responder con transparencia ante la prensa sobre todas las acusaciones en su contra, algo que hasta ahora ha evitado hacer. Esto, claro, si no tiene nada que ocultar.
