Escribe: Franco Muschi, socio del Departamento Laboral de Garrigues
En un contexto de creciente incertidumbre económica mundial, marcado por tensiones comerciales, resulta indispensable revisar los posibles retos que enfrentarán, desde el ámbito laboral, los distintos sectores económicos del país y, en especial, sectores con una compleja realidad como el agrario o el textil – dos pilares del intercambio comercial con Estados Unidos.
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La reforma arancelaria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, como parte de su nueva agenda económica, ha generado preocupación en diversas economías del mundo, entre ellas Perú, cuyo intercambio comercial con Estados Unidos representa una parte clave de su actividad exportadora, generando el 27.3% de empleos formales en el país.
A partir de la implementación de las medidas señaladas, el Perú se verá afectado con un arancel base del 10% sobre todas las exportaciones efectuadas al mercado estadounidense. Según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta política arancelaria podría tener un impacto directo en sectores estratégicos de la economía peruana como el sector textil y el agroexportador, los cuales concentran una alta proporción de las exportaciones efectuadas a Estados Unidos.
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En este contexto, además de evaluar las nuevas reglas arancelarias propuestas, resulta oportuno realizar un diagnóstico de la realidad laboral del Perú, pero, sobre todo, cuál es el presente de las actividades que se verán especialmente afectadas por este nuevo escenario internacional.
En el sector agrario la informalidad –que no era menor y ascendía a cerca del 81% antes de la reforma del antiguo régimen de promoción agrario– se ha incrementado, superando el 90%. Asimismo, durante los últimos años, hemos sido testigos de los problemas técnicos y de infraestructura que se ven agudizados con situaciones (previsibles) como el fenómeno de El Niño, paralizaciones y huelgas o lluvias, entre otros. Sumado a ello, la inexistencia de una actividad debidamente organizada, que plantee propuestas de solución priorizando el bien común, afectan gravemente la toma de decisiones en uno de los sectores más relevantes para la economía.
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Por su parte, el sector textil, con las particularidades propias de esta actividad, también presenta desafíos relevantes. En lo que respecta a la informalidad, curiosamente presenta valores similares a la actividad agrícola, llegando a alcanzar porcentajes cercanos al 70% y, en mypes, superando el 80%. Del mismo modo, este sector presenta una marcada discriminación y desigualdad de género, con una alta participación de mujeres en los procesos productivos textiles, pero con una profunda alteración de conceptos como salario adecuado y equitativo, políticas contra la no discriminación, así como trabajo decente.
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Desde nuestra perspectiva, la modificación de las reglas de juego – con ocasión de una nueva política arancelaria – nos obliga a repasar las condiciones de fomento de empleo y productividad de los principales sectores afectados. Una estrategia de incentivos para la formalización del mercado laboral, la implementación y desarrollo de programas de capacitación técnica en favor de los trabajadores, así como la adopción de políticas públicas claras para una adecuada fiscalización y supervisión del mercado y sus distintos actores, deben servir de punto de inicio para el cambio.
