Escribe: Pedro Grados, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima.
Hace algunos años escuché a un economista argentino hablar sobre el desarrollo del subdesarrollo a partir de la historia de su país durante el siglo XX, un caso que consideraba un buen ejemplo. Una nación que estuvo entre las más desarrolladas del mundo a fines del siglo XIX se había convertido en un miembro más de las eufemísticamente llamadas naciones en vías de desarrollo, debido, entre otros factores, al bloqueo sistemático de la iniciativa privada y al crecimiento desmesurado del Estado. Considero que algunas de las medidas que ha aprobado el Congreso de la República van precisamente en esa dirección equivocada, por lo que es necesario tomar conciencia sobre la necesidad de estructurar un plan de largo plazo que le permita al Perú recuperar la senda de crecimiento.
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De no lograrlo, sería muy difícil evitar la fuga de capital humano y financiero que se ha generado durante los últimos tres años –más de 400,000 peruanos y más de US$ 20,000 millones han salido del Perú y no han regresado–. La aplicación del llamado Consenso de Washington y de las recomendaciones de la Comisión Europea permitieron que los indicadores sociales y económicos del país mejoraran significativamente. Algunas de esas recomendaciones, sobre todo a nivel interno, siguen vigentes: la reducción de los controles administrativos y la flexibilización de las normativas laborales, etcétera. En otros casos, se ha retrocedido, como en la afectación de los sistemas de pensiones, el establecimiento de controles a las tasas de interés, el incumplimiento de contratos con inversionistas extranjeros y la desarticulación de la reforma educativa.
El séptimo retiro de fondos de las AFP no solo afecta las futuras pensiones, también obstaculiza el crecimiento del mercado de capitales doméstico. Esto se traduciría en un encarecimiento del financiamiento tanto para el sector público como para el privado, y en la escasez de fondos de largo plazo orientados hacia inversiones en infraestructura. Además, los “beneficiados” pertenecen a la actividad formal y a los segmentos de ingresos medios y altos, por lo que no habría ninguna ventaja para los sectores menos favorecidos. El control de tasas de interés, de acuerdo con el Banco Central, ha excluido a un porcentaje importante de micro y pequeños empresarios del financiamiento de las instituciones financieras formales, situación que los ha llevado –en algunos casos– a recurrir a fuentes de financiamiento informales, violentas y significativamente más caras. Además, el Perú se ha visto afectado por algunos intentos de no respetar los contratos firmados con inversionistas extranjeros, lo que ha producido pérdidas en instancias legales internacionales y ha alterado el clima de inversiones. Finalmente, el sistema educativo peruano, tanto a nivel escolar como universitario, ha sufrido cambios que afectan su calidad.
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No se trata de ser pesimistas, sino de expresar el daño que el Congreso le genera al futuro del Perú con la promulgación de las normas mencionadas. Recuperemos la capacidad de dialogar y de llegar a consensos entre los partidos políticos, la academia y los gremios de trabajadores y empresarios para que el Perú se convierta no solo en un lugar donde los peruanos deseen continuar su vida y su desarrollo, sino también en un foco de atracción de inversiones provenientes de todo el mundo. Un país, en palabras similares a las de Marco Martos, que elegiríamos de nuevo si tuviéramos la decisión de volver a nacer.
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