Escribe: Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de ComexPerú
“Puno: el friaje de cada año, la inoperancia de siempre”, “Cajamarca: ¡Qué tal carnaval!”, “Ica: de Pisco y otros demonios”, “La Libertad: en pleno baile”, fueron algunos de los titulares de artículos que publicamos en el Semanario ComexPerú durante el 2010. Estos daban cuenta de una gestión deficiente de los recursos públicos. Urgencias identificadas en cada una de las jurisdicciones, que no solo no eran atendidas con los presupuestos asignados, sino que también evidenciaban signos de corrupción.
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El Operativo Cóndor, de la Contraloría, ejecutado entre los meses de agosto y diciembre del 2009, auditó sorpresivamente cuatro gobiernos regionales y 23 gobiernos locales. Obras públicas y compras de bienes y servicios donde se identificaron casos específicos de colusión desleal, falsedad genérica, negociación incompatible y falsificación de documentos, con un perjuicio al Estado superior a los S/ 15 millones. Además, delitos por omisión de funciones que generaron perjuicios adicionales por casi S/ 20 millones.
El proceso de descentralización se inició en julio del 2002, con la inclusión del capítulo XIV del título IV de la Constitución Política. Se organizó el Estado en tres niveles de gobierno: nacional, regional y local (municipalidades). Si bien la idea original era construir macrorregiones con una eficiente asignación de recursos y competencias, las presiones políticas transformaron a los departamentos en regiones. ¿No hubo predisposición para compartir recursos? ¿O fue el oportunismo político de turno para hacer a su antojo? Lo cierto es que ocho años después de iniciado ya exponíamos fallas groseras en su implementación.
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A la fecha, después de más de 20 años, la situación es mucho peor. Cuantiosos recursos generados por un sistema que fomenta, mal que bien, la participación de la inversión privada, se terminan perdiendo, malgastando o no utilizando. Esto perjudica el acceso a servicios públicos de calidad y limita las oportunidades de desarrollo en el interior del país.
Del total del presupuesto para inversión pública en el 2024, S/ 12,246 millones no fueron utilizados, según cifras del MEF. Dicho monto equivale al 62% del costo de pavimentar las vías nacionales o financiar el 30% de la brecha de saneamiento a nivel nacional. Sí, el costo de no utilizar recursos públicos no solo radica en el monto total, sino también en qué se pudo haber hecho con dicho dinero. Sumémosle a esto los más de S/ 24,000 millones anuales en pérdidas para el Estado que genera la corrupción, según cifras de la Contraloría.
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Desde hace algunos años el MEF viene implementando capacitaciones para promover la eficiencia de la administración pública. Incluso durante el Gobierno actual, en el marco del plan Con Punche Perú, se contrataron funcionarios altamente calificados en las áreas de administración, presupuesto, infraestructura y logística, para un grupo de gobiernos regionales y municipalidades. Interesante, aplaudible, pero aún se requiere de una reforma indispensable. Los beneficios de contar con funcionarios capacitados se pierden cuando chocan con agendas propias, usos y costumbres de gobernadores regionales o alcaldes de turno.
En un escenario ideal, la selección de las autoridades subnacionales no se haría mediante elección popular, tal y como la conocemos, sino mediante una convocatoria pública, con requisitos mínimos y evaluaciones técnicas (de competencias y psicológicas, sin duda). Meritocracia, transparencia y competitividad serían los principios clave en dicho proceso.
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Las limitaciones normativas o jurídicas de llevar a cabo un cambio como el descrito, seguramente, sean innumerables. Ni qué decir del costo político. Sin embargo, considero que luego de más de 20 años de descentralización, se necesita más que capacitaciones, fiscalizaciones y sanciones. Urge implementar medidas audaces y disruptivas que se traduzcan en mejoras de la calidad de vida, especialmente en el interior del país. Sin estas, el descontento social seguirá en aumento.
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