
Escribe: Enrique Castillo, periodista
Durante los últimos dos años el Congreso renunció en la práctica a su función de control político, y con la excusa de mantener la estabilidad del país, evitó cuestionar al Gobierno, interpelar ministros, censurarlos, o establecer verdaderas e imparciales comisiones investigadoras para conocer la verdad sobre muchos hechos irregulares, sospechosos, o turbios que eran denunciados o dados a conocer al país por la prensa.
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Situaciones penosas como el caso de los cerca de 50 niños intoxicados hace dos días por un desayuno del programa Wasi Mikuna no son recientes. Suceden en los programas sociales del MIDIS desde hace varios años, con un nombre u otro, poniendo en riesgo la vida de cientos o miles de niños que son expuestos a consumir enlatados descompuestos, adulterados, o elaborados en las peores condiciones de salubridad, y son conocidas por todo el país a través de las denuncias de la prensa y de los testimonios de quienes han participado directamente de las irregularidades.
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Y podríamos así escribir de muchos hechos, situaciones o dramas que se han conocido desde diversos sectores gubernamentales. Quizás el más notorio ha sido el de Interior, cuyo ministro, que se alegraba de que hubieran bajado los índices de robos, aunque se elevaban los de asesinatos, fue defendido hasta el límite por varias bancadas del Congreso.
Sin embargo, y a pesar de la gravedad de lo que ocurriese, el Congreso miraba siempre al costado, seguía con su agenda particular, y evitaba molestar a los ministros, haciéndose eco de quienes señalaban de que si los ministros eran interpelados entonces a qué hora trabajaban.
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Hoy, de pronto, el Congreso despierta de su letargo político y lanza una andanada de mociones de interpelación y censura contra varios ministros. Encabeza la lista el primer ministro, Gustavo Adrianzén; le siguen el ministro de Salud, César Vásquez; el de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes; el de Educación, Morgan Quero; y la del Midis, Leslie Urteaga.
No cabe duda que los hechos por los cuales se interpela a los ministros de Salud, Educación y Midis son realmente graves, y muy mal manejados desde sus sectores, y no de ahora solamente. Por mucho menos, a los titulares de esas carteras ya se les hubiese pedido su renuncia, si es que no hubiesen renunciado por decisión propia.
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Pero es curioso que de pronto al Congreso se le haya despertado una vocación fiscalizadora y sancionadora que no ha tenido en todo lo que va de este Gobierno. Si ya están interpelando al primer ministro, cuya censura trae consigo la caída de todo el gabinete, y con ello la salida de varios de los ministros que ahora se quiere interpelar, ¿por qué “programar” tantas interpelaciones y amenazas de censura, si con una bastaría?
La intención es evidente, y es puramente electorera, tratando de mostrar una distancia del Gobierno y una “severidad” para la platea; porque si fuese una preocupación legítima, no habrían esperado a que más niños estén intoxicados, a qué más peruanos mueran a manos de sicarios y extorsionadores, a que más gente se ponga en riesgo en un sistema de salud que no funciona bien.
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Todo forma parte de un giro que cada vez se va a ir acentuando más, tratando ahora de mostrar un rostro opositor e “indignado” con miras a tratar de captar la atención y la adhesión de un electorado que ya no cree en nadie.
Sin embargo, todavía se mantendrán “coincidencias” entre el Ejecutivo y el Legislativo, con la intención de enfrentar a sus críticos. Habrá iniciativas como la de la fenecida franja informativa del Ejecutivo, que fue muy aplaudida por varios congresistas; o el proyecto del Legislativo que busca regular el derecho de rectificación que obliga a los medios a ejecutar las rectificaciones de la forma y modalidad que decida el denunciante, que no tiene oposición del Gobierno.
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Habrá ataques desde el “cuarto de guerra” y otras iniciativas que buscan reformas integrales de instituciones que, curiosamente, son vistas como enemigas desde el Gobierno y desde el Parlamento.
Convocadas las elecciones, los comportamientos y las acciones cambian, aunque los hechos sean los mismos. Lo que antes era mantener la armonía y estabilidad, hoy se convierte en control político, para malestar de un premier que ahora recién habla de equilibrio de poderes.
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Las preguntas ahora son: ¿hasta dónde llegará el Congreso realmente en este repentino afán fiscalizador? ¿Busca un cambio de gabinete y/o de varios ministros, o sólo es un nuevo “reality parlamentario”? Y, ¿cómo reaccionará la presidenta?, claro, si es que reacciona.
