Escribe: Lucianna Polar, socia del Estudio Olaechea
Con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), es importante recordar que la violencia de género no solo se limita a la violencia física o psicológica; ya que también se ve reflejada en la violencia económica que ocurre cuando una de las partes en una relación de pareja tiene control sobre la otra en el acceso a los recursos económicos, lo que disminuye la capacidad de la víctima de mantenerse a sí misma y la obliga a una dependencia financiera.
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En el Perú, existen normas específicas orientadas a prevenir y sancionar la violencia en el ámbito laboral, que forman parte de un marco de protección para las mujeres trabajadoras, en especial, desde la prevención del hostigamiento sexual. Sin embargo, se evidencia la persistencia de problemas en el día a día aun no superados, lo cual sigue siendo una de las principales barreras para la igualdad y el acceso equitativo al trabajo.
Erradicar la violencia contra la mujer no solo está ligado a promover entornos de trabajo seguros e igualitarios; sino que también implica asegurar que el acceso al empleo y la estabilidad laboral sean una realidad para las mujeres.
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La violencia de género en el trabajo también se expresa en brechas estructurales: menor participación, mayores tasas de desempleo y/o menores ingresos, factores que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia.
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La informalidad laboral refuerza esta situación: según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional realizada por el INEI, en 2022, el 76,8 % de las mujeres ocupadas se encontraba en el sector informal frente al 71,7 % de los hombres, lo que implica menor protección jurídica, mayor exposición a abusos y escaso acceso a mecanismos de denuncia y protección.
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Dos años después, de acuerdo con el Anuario Estadístico Sectorial del 2024, también publicado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en octubre de 2025, en el sector privado formal el 58.8% de los trabajadores son hombres y solo el 34.8% son mujeres (el 6.5% restante son datos no determinados, es decir, perdidos). Asimismo, conforme al Informe Técnico de octubre de 2025 del INEI sobre la situación del mercado laboral en Lima Metropolitana, del total de población con empleo adecuado (formal), el 62,1% son hombres y solo el 37,9% son mujeres. De esta manera, se evidencia una diferencia en la participación laboral privada formal y una infrarrepresentación femenina en empleos con acceso a beneficios sociales tales como gratificaciones, CTS, Essalud, entre otros.
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Además, conforme al citado informe del INEI, al 2025 la remuneración promedio mensual de las mujeres que trabajan formalmente asciende a S/ 1940, en comparación a los S/ 2,581 del ingreso masculino. Es decir, los hombres ganan un 33.04% más que las mujeres, siendo así que, aun en empleos formales y existiendo normas respecto de la equidad salarial, persiste la desigualdad salarial.
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En el sector público no se aprecia un escenario distinto: existe una mayor presencia femenina en el régimen CAS (Decreto Legislativo 1057), en el que la estabilidad y el desarrollo de una carrera administrativa resultan más difíciles de conseguir.
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En lo que se refiere a fiscalización y reclamos laborales, la mayoría de las víctimas en los casos de hostigamiento sexual y actos de hostilidad son mujeres; lo cual revela una tendencia a la violencia contra la mujer dentro del entorno laboral.
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Lo antes señalado refleja las grandes brechas que existen tanto en el acceso al empleo formal para las mujeres, como la realidad para muchas de ellas en este ámbito. La información compartida confirma que, si bien existen normas y mecanismos destinados a prevenir y sancionar actos que atenten contra la integridad de las mujeres, así como normas que buscan balancear las desigualdades, en la práctica aún se observan brechas importantes en participación, estabilidad e igualdad de oportunidades.
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La violencia puede expresarse de manera silenciosa o institucionalizada, a través de decisiones laborales que limitan el desarrollo profesional de la mujer: promociones denegadas, comentarios inadecuados, contratos no renovados o la indiferencia frente a una denuncia, entre otros.
El ámbito laboral debería ser un espacio de crecimiento profesional y personal, en los que prime el respeto mutuo, pues el trabajo fortalece la autonomía y el desarrollo de trabajadores y trabajadoras, que tienen un impacto directo en el clima organizacional.
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Erradicar la violencia contra la mujer no solo está ligado a promover entornos de trabajo seguros e igualitarios; sino que también implica asegurar que el acceso al empleo y la estabilidad laboral sean una realidad para las mujeres, lo cual contribuye a que estas puedan salir de círculos de violencia en los que podrían estar.
Una organización que previene, sanciona y elimina la violencia contra la mujer construye un entorno laboral en donde puedan desarrollar plenamente su potencial, generando confianza, compromiso y crecimiento compartido.
