La minería ilegal es la mayor amenaza para la economía y la seguridad del país. No hablamos ya de un problema marginal: mueve más de US$ 10,500 millones, según arrojan informes de la UIF, y ha tejido redes con capacidad de realizar atentados y hasta penetrar en la política. Es, en esencia, crimen organizado que se disfraza de minería artesanal o ancestral para expandirse sin control.
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El daño es profundo. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), más de US$ 7,000 millones en proyectos de minería formal se mantienen paralizados por la presencia de ilegales. En un país que depende de sus exportaciones mineras para sostener ingresos fiscales y atraer inversión, permitir semejante golpe equivale a una derrota económica.
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Pero la minería ilegal no solo erosiona cifras macroeconómicas. En zonas como Pataz, bandas armadas imponen su ley a punta de armas. La ilegalidad no es un debate burocrático sobre permisos: es una maquinaria criminal que mata y genera un clima de terror permanente en distintas partes del país.
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Frente a esta realidad, los avances legislativos lucen insuficientes. La ley MAPE y el sistema de trazabilidad en tiempo real, reconocidos por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), son pasos en la dirección correcta. Pero si el Estado no golpea de manera directa a las mafias que financian y sostienen el negocio, todo quedará en papeles. La trazabilidad puede ser una herramienta útil, pero no desactiva a las organizaciones que operan con violencia y dinero sucio.
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El problema central es la inacción política. Una encuesta de Datum publicada por El Comercio revela que el 85% de los ciudadanos considera que la respuesta estatal es poco o nada efectiva, mientras que 73% acusa al Gobierno de Dina Boluarte de ser demasiado blando. Peor aún, el 56% cree que el Congreso ya está penetrado por la minería ilegal y el 83% considera que esta financiará campañas electorales. La percepción es crítica: la ciudadanía no confía en que el Estado quiera, ni pueda, enfrentar el problema.
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La presidenta ha informado que el Consejo de Seguridad Nacional (Conasec) ha acordado priorizar el combate contra la minería ilegal en todas sus modalidades. Pero las palabras no bastan. La magnitud de la amenaza exige acciones inmediatas: persecución y sanciones a quienes impulsan, permiten o forman parte de esta economía ilícita que no deja de expandirse.
Con cada día que pasa sin una estrategia firme, la minería ilegal gana terreno, se fortalece y se normaliza como un poder paralelo. El país no puede esperar más. El Estado debe asumir que la minería ilegal es un enemigo del Perú y actuar en consecuencia. Lo contrario sería resignarse a la derrota.
