Escribe: Jorge Zapata Ríos, presidente de la CONFIEP
La historia de las naciones está marcada por muchos caminos que se bifurcan. Y las opciones que vamos tomando ante estas disyuntivas van trazando nuestro destino: hacia el desarrollo o hacia el fracaso. Este axioma que bien podría parecer extraído de las exégesis del maestro Borges, tiene, en realidad, poco de fantástico y mucho de real.
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En Perú, lamentablemente, hemos optado con frecuencia por caminos equivocados, aunque en ciertos momentos –no muy lejanos– supimos elegir rutas favorables al desarrollo. No exagero al afirmar que nos encontramos, una vez más, ante una gran encrucijada: seguir por la senda de la ilegalidad y los intereses particulares, impuestos mediante la fuerza, o reafirmar el camino del orden, la ley y defensa de los intereses de las grandes mayorías.
El predictamen impulsado por el bloque magisterial en la Comisión de Energía, que pretendía abrir peligrosos espacios a la informalidad, fue rechazado. Saludamos la decisión de la mayoría congresal que bloqueó esta propuesta improvisada e inconveniente.
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Quienes aspiramos a un país próspero, con una economía formal y libre de actividades ilegales –que traen violencia y destrucción ambiental– no podemos bajar la guardia. Menos aún frente a expresiones de fuerza que amenazan con radicalizar acciones ilícitas, como bloqueos de vías, promovidos por sectores de izquierda extrema alejada de las verdaderas expectativas del pueblo.
Los empresarios, junto a la siempre responsable Federación de Trabajadores de Construcción Civil –con quienes compartimos una tradición de lucha contra la violencia ejercida por organizaciones criminales que amenazan a trabajadores y empresas–, exhortamos a quienes tienen la responsabilidad de conducir al país, a mantenerse firmes frente a las amenazas de grupos radicales aliados con economías ilegales, que –de manera deleznable– manipulan las necesidades de mineros artesanales.
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El alto nivel de informalidad responde a problemas estructurales que, como país, no hemos sabido resolver, como la falta de oportunidades que obliga a muchos peruanos a generar su propio empleo. Pero no podemos permitir que organizaciones vinculadas a economías ilegales –muy lejos de representar a personas de escasos recursos– se aprovechen de la precariedad de trabajadores informales para explotarlos y presentarlos de forma engañosa como víctimas de medidas que, precisamente, buscan evitar que la informalidad se perpetúe.
El país requiere que la formalización se implemente como política de Estado, con metas concretas, para que sucesivos gobiernos contribuyan de forma sostenida a reducir la informalidad en sectores clave como empleo, transporte, construcción, comercio y, por supuesto, la minería.
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Sin embargo, esto no será posible si cada vez que se proponen normas que promuevan la formalización son bloqueadas con acciones de fuerza o cabildeos con fines subalternos.
Es momento de recorrer, sin vacilaciones, el camino del orden, respeto a las leyes y protección de la vida, salud y biodiversidad de nuestro país. Es hora de apostar por la prosperidad, por el futuro y por el legado que dejaremos a nuestros hijos.
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Hoy estamos ante una encrucijada histórica en la que no podemos permitirnos el error.
