CONCESIONES. La advertencia que hizo Gestión (06.07.2026) está puesta sobre la mesa. Durante el Gobierno de Keiko Fujimori, hasta ocho importantes concesiones clave en el país llegarán a su fecha de vencimiento. La gran interrogante que surge de inmediato no es solo si se están alistando las adendas necesarias o nuevos concursos, sino si el Poder Ejecutivo asumirá un rol proactivo o si, por el contrario, se limitará a reaccionar cuando llegue la “hora cero”.
El peor escenario para el desarrollo del país es la parálisis por transferencia. Esperar a que los contratos venzan sin haber diseñado una hoja de ruta clara –que defina si corresponde una prórroga condicionada a nuevas inversiones, una nueva licitación o una renegociación integral– es una irresponsabilidad que el Perú no se puede permitir.
Las concesiones maduras requieren una revisión profunda y estratégica que tome meses, incluso años, de evaluación técnica y legal. El próximo Gobierno debe tomar las riendas de este proceso desde ahora, evaluando el desempeño de los operadores actuales e impulsando las modificaciones contractuales que garanticen la continuidad y mejora de los servicios públicos. Y es que la mirada incluso va más allá: en los próximos 10 años, la cifra sube a 19 concesiones que vencerían y sobre las que se debe tomar acción.
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La conversación, además, añade un tema, quizá, un principio fundamental: no se debería abrir la puerta a la reversión de estos activos de infraestructura a manos públicas. El Estado peruano ha demostrado una y otra vez que no es un buen gestor.
Cuando el aparato estatal asume la operación directa de servicios que corresponden al sector privado bajo esquemas de, por ejemplo, Asociación Público-Privada (APP), el resultado suele ser el mismo: burocracia asfixiante, (Fuente: Andina)
Cuando el aparato estatal asume la operación directa de servicios que corresponden al sector privado bajo esquemas de, por ejemplo, Asociación Público-Privada (APP), el resultado suele ser el mismo: burocracia asfixiante, caída en los estándares de calidad, falta de presupuesto para el mantenimiento preventivo y la pérdida total de la eficiencia. Devolver estos proyectos al control directo del Estado sería un retroceso contundente en la política económica del país.
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Entonces, bajo el análisis, el reto para la gestión de la presidenta electa, Keiko Fujimori, es doble. Por un lado, debe desterrar la cultura del “bombero” –aquella que solo actúa cuando el incendio de la parálisis contractual ya es inminente– y planificar con criterios técnicos transparentes. Por el otro, debe asegurar que cada adenda o nuevo concurso resguarde el interés de los usuarios y del fisco, pero manteniendo siempre la gestión en manos de operadores privados capaces y experimentados. La infraestructura del país no puede quedar en el limbo de la indecisión estatal (nuevamente).
