La primera aparición pública del presidente interino, José Jerí, fue en el incendio en Pamplona Alta, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, la noche del sábado. Tras anunciar una obviedad (“estamos construyendo un nuevo Gabinete”), desistió de dar más detalles “porque la prioridad y la urgencia del día de hoy es justamente atender el problema de (las familias afectadas)”. Habían pasado dos días desde que el Congreso votó, a toda velocidad, la vacancia de Dina Boluarte. El domingo, continuaba la expectativa por saber quiénes serían los sustitutos del último e incompetente Gabinete de la impopular expresidenta.
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En su cuenta de X, Jerí señaló que el nuevo equipo ministerial será de “amplia base”, lo que podría significar “reparto de cupos” entre las bancadas que han estado sosteniendo al Ejecutivo desde que el Congreso vacó a Pedro Castillo, por su intentona de golpe de Estado, el 7 de diciembre del 2022. No obstante, la ciudadanía está tan harta del Parlamento, como lo estaba de Boluarte, que quizás en esos tres días, Jerí y sus aliados habrían evaluado los riesgos de seguir con lo mismo. Es que sigue fresco el recuerdo de los seis días de presidencia de Manuel Merino, en noviembre del 2020.
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Lo cierto es que el nuevo Gobierno tendrá muchos incendios que apagar. En el plano personal, Jerí tiene un enorme desafío reputacional. La opinión pública se ha ido enterando de las denuncias en su contra, como la de abuso sexual, cuya investigación estaba en curso, hasta el 8 de agosto, cuando el ahora fiscal interino de la Nación, Tomás Gálvez, archivó el caso. Jerí ha desacatado una orden judicial para recibir tratamiento sicológico, a raíz de dicha denuncia. Por cierto, usaba sus redes sociales para publicar comentarios machistas. Asimismo, ha sido denunciado por enriquecimiento ilícito.
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Si la ciudadanía lo permite y Jerí dura bastante más que Merino, la urgencia de su mandato tendrá que ser la inseguridad ciudadana. Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en enero-setiembre de este año, hubo 1,690 muertes violentas, la gran mayoría por arma de fuego, un 12.5% más que en el mismo periodo del 2024, año que cerró con un total de 2,082 homicidios. La incompetencia, indolencia e indiferencia de Boluarte y sus sucesivos ministros del Interior no pueden volver a repetirse.
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En el plano económico, la gran pregunta es si el flamante presidente podrá contener el gusto de sus excolegas por elevar el gasto público. La prueba de fuego será el Presupuesto Público del 2026, cuyo proyecto de ley está listo para ser debatido en el Congreso.
