El caso de Betssy Chávez es la prueba más reciente de cómo la justicia peruana no solo llega tarde, sino que además permite que los procesados se escapen sin muchas complicaciones. La ex primera ministra de Pedro Castillo, acusada de rebelión y con un pedido fiscal de 25 años de prisión, se asiló en la residencia de la Embajada de México en San Isidro justo cuando su juicio oral entraba en la etapa final. Su ausencia en las tres últimas audiencias ya había encendido todas las alarmas. Pero nadie reaccionó.
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El canciller Hugo de Zela confirmó que México ha solicitado el salvoconducto que permitiría a Chávez abandonar el país y aseguró que el Perú analiza el pedido conforme al derecho internacional. Esa evaluación debe hacerse con rigor y respeto a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Sin embargo, más allá de la forma legal, lo que este episodio revela es un fondo inquietante: el Estado no tiene reflejos. La justicia peruana se mueve con una lentitud que raya en la complicidad.
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Porque esta fuga no fue sorpresa alguna. Chávez ya había intentado refugiarse en la embajada mexicana el mismo día del golpe (según declaró su chofer), y tras su liberación en septiembre las señales eran claras, desde un certificado médico dudoso, hasta inasistencias a las audiencias. Cada uno de esos indicios anunciaba su intención de burlar la justicia, pero las autoridades prefirieron mirar hacia otro lado.
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El caso de Chávez se suma a una lista vergonzosa. Vladimir Cerrón, condenado y prófugo, sigue actuando en política y hasta pretende postular a la presidencia. Nadine Heredia, con procesos abiertos por lavado de activos, reside en Brasil. En todos los casos, el patrón es el mismo: la ineficacia permite que quienes enfrentan cargos graves eludan la justicia con una facilidad pasmosa.
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Nada de esto ocurre por casualidad. Es el resultado de una cultura de impunidad sostenida por errores técnicos, plazos vencidos y una pasividad del Poder Judicial y el Ministerio Público. No hay coordinación, no hay prevención, no hay consecuencia.
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El Ejecutivo puede y debe actuar con firmeza ante el caso Chávez. Si el análisis demuestra que el asilo viola las normas internacionales, corresponde negar el salvoconducto. Pero lo urgente no es solo esa decisión: es tomar medidas para contar con una justicia capaz de anticipar lo evidente, que no vuelva a permitir que los procesados crucen la frontera riéndose del Estado. Porque mientras no se corrija esa negligencia, las fugas anunciadas seguirán repitiéndose.
