La elevada “productividad” del Congreso proviene de un cuestionable proceso que pasa por alto el debate e ignora las opiniones de especialistas. Y cuando el Gobierno nacional se anima a observar las autógrafas de ley aprobadas en el pleno, la salida del Legislativo es aprobarlas “por insistencia”. En otras palabras, al caballazo. Aunque el anterior (2016-2021) ya había adoptado esta tóxica práctica, el actual la ha llevado a un nivel de descontrol cuyas consecuencias fiscales y económica serán muy costosas.
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Un mal ejemplo reciente es la autógrafa que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), que el Gobierno observó, pero la Comisión de Economía del parlamento la aprobó por insistencia, de modo que volverá a ser votada en el pleno. Para empezar, se otorgan beneficios tributarios, como 0% de Impuesto a la Renta (IR) en los primeros cinco años de operaciones, y la tasa irá aumentando progresivamente hasta alcanzar 15% en 25 años (la tasa del IR empresarial es 29.5%).
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En vista que las ZEEP no estarán necesariamente orientadas a la producción para exportación, sino a atraer nueva inversión privada y el desarrollo de industrias que “generen valor agregado” (o sea, todas). El Gobierno alerta que las exoneraciones tributarias, en particular del IR, “pueden tener efectos perjudiciales sobre las industrias del resto del país”, pues las empresas ZEEP podrían destinar su producción al mercado interno, “compitiendo en mejores condiciones que las empresas del resto del país”. Otro disparate es pretender crear ZEEP en cada departamento del país. Encima, se encarga al Mincetur la fiscalización laboral de esas zonas, cuando la entidad competente es Sunafil.
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Hablando del Mincetur, su titular, Desilú León, se ha mostrado a favor de la nueva Ley General de Turismo, que también exonera del IR, en este caso en las “zonas especiales de desarrollo turístico sostenible”, pese a que el reto para crear productos turísticos es desarrollar infraestructura (Gestión 09/06/2025). Dicha ley también crea un fondo de desarrollo empresarial, que otorgará garantías o administrará instrumentos financieros. Y estará adscrito al Mincetur, no al MEF, como se hubiese podido pensar.
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También hay novedades en el ámbito favorito de los congresistas: atribuirse iniciativa de gasto. La Comisión de Trabajo aprobó que los empleados públicos del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) reciban aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, además de CTS. El dictamen afirma que no le costará nada al fisco.
