FISCALÍA. Ciertamente, han sido pocas las instituciones del sector público que, en el Perú, han solido contar con la confianza mayoritaria de la población. De hecho, como reveló el último informe del Barómetro Edelman sobre nuestro país, las únicas instituciones con algo de confianza entre los peruanos son las empresas privadas. El resto no lo hace en su mayoría, ni confía tampoco más en alguna otra institución (pública o privada).
Dentro de este panorama desolador, sin embargo, una de las instituciones públicas que más confianza ha perdido en los últimos años ha sido el Ministerio Público o Fiscalía de la Nación. Según Ipsos Perú, por ejemplo, este organismo ha pasado de tener la confianza del 37% de la ciudadanía en el 2016, a solo la del 22% en el 2024. En contraste, por ejemplo, si bien la confianza en las empresas privadas también cayó durante el mismo periodo, apenas lo hizo de 41% a 35%.
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Esta caída en la legitimidad social de una institución tan importante para el funcionamiento de la democracia es por supuesto muy preocupante, más aun considerando que se trata de la entidad encargada de perseguir los delitos que se cometan en todo el país, de llevar a juicio a los criminales y de asegurar que estos sean condenados en el Poder Judicial. En ese sentido, mientras la Fiscalía no funcione correctamente, nuestro sistema de justicia y de lucha contra la delincuencia nunca podrá funcionar de forma adecuada.
Por supuesto, más allá de los cuestionamientos que existen contra el flamante interino fiscal de la Nación Tomás Aladino Gálvez, o del lamentable enfrentamiento público que protagonizaron recientemente Delia Revoredo y Patricia Benavides, lo cierto es que esta caída en la confianza no ha sido culpa de una sola persona. Ni de un solo grupo. La explicación, en realidad, responde más a una serie de torpezas y malas decisiones cometidas por varios de quienes han dirigido y ocupado cargos importantes en la entidad durante la última década. Y por la dañina politización de la justicia.
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Sin duda, es difícil pensar que la Fiscalía pueda recuperar la confianza que ha perdido en estos años en el corto plazo. Ineludiblemente, volver a generarla tomará varios años y requerirá de una suma de buenas decisiones. Será perjudicial para este objetivo el que se confirme, como se estima, que el presupuesto público que recibe la Fiscalía efectivamente se reduzca a partir del próximo año.
Una reforma del sistema de justicia que logre generar mejores incentivos para que los mejores abogados del país quieran trabajar en la Fiscalía y en el Poder Judicial, como ocurre en otros países, sería solo el inicio de un largo camino. Urge que empecemos a transitarlo.
