Los vínculos de la minería ilegal con la política son cada vez más claros e influyentes. Como se ha revelado en los últimos días, decenas de mineros ilegales –incluidos varios de sus dirigentes– se encuentran directamente inscritos en varios de los partidos políticos con mayor poder en el país. Y no se trata de un tema de izquierdas o derechas, sino de un problema que afecta a todo el espectro político.
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El último domingo, un reportaje de Cuarto Poder reveló que, de los 1,174 mineros con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en Pataz, 168 también están afiliados a partidos. La cuarta parte de estos mineros milita en Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña, quien además es percibido como uno de los dos líderes políticos con mayor influencia en el actual Gobierno, junto con Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (IEP, 2025).
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Según el mismo reportaje, por detrás de APP, las agrupaciones con más mineros con REINFO vigente en Pataz serían, en ese orden, Un Camino Diferente, Bicentenario La Libertad, Somos Perú y Podemos Perú. Eduardo Salhuana, presidente del Congreso y también militante de APP, intentó ayer por la tarde justificar a su partido al señalar que “no hay una exigencia de declarar si está o no en el REINFO o en cualquier otro registro” al momento de inscribirse como militante. También agregó que, en su opinión, un partido “no está en la capacidad técnica” de verificar algo así.
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El reportaje de Cuarto Poder llegó la misma semana en que El Comercio publicó un informe que alertaba que al menos 14 dirigentes de dos de los cuatro gremios más importantes del sector minero informal están afiliados a partidos con representación actual en el Parlamento: siete de ellos a Renovación Popular, cinco a Podemos Perú, uno a Perú Libre y uno a Juntos por el Perú, solo entre los identificados en dicho informe.
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Ya desde hace tiempo se discute sobre el problema de la infiltración de la criminalidad en la política. Hoy, la minería ilegal –sector innegablemente vinculado con parte de la criminalidad organizada que nos aqueja– ya no solo tiene influencia en los políticos: ellos son los políticos. Y cada vez logran obtener mayor poder.
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¿Qué estrategias estamos tomando como país para contrarrestar esta nueva realidad? ¿Qué propuestas al respecto tienen los partidos que postularán a las próximas elecciones? Sería bueno que nos lo hicieran saber. Si no somos capaces de coordinar pronto una respuesta contundente desde los sectores más democráticos frente al avance de la minería ilegal, seguiremos perdiendo la batalla y, en consecuencia, el crimen seguirá avanzando, tanto en las calles como en su influencia en el aparato público.
