La bicameralidad no mejorará por sí sola la calidad de las leyes, pero puede crear mejores condiciones para conseguirlo. Esa es una de las promesas del nuevo Congreso: los proyectos nacen y son dictaminados en la Cámara de Diputados y pasan después al Senado, que puede aprobarlos, modificarlos o rechazarlos. En teoría, hay más especialización y filtros. Sin embargo, ello dependerá de quiénes estén a cargo de ellos.
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Por eso importa la distribución de las presidencias de las comisiones que acaba de acordar el Congreso. Las comisiones son la primera instancia especializada por la que pasan los proyectos.
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El nuevo mapa parlamentario es más complejo. Diputados tiene 16 comisiones ordinarias legislativas, mientras que el Senado tiene solo siete y concentra materias que en la cámara baja están separadas. Producción, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo tienen comisiones diferentes en Diputados, pero confluyen en una sola en el Senado. Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor hacen lo mismo.
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Así, el poder regulatorio se redistribuye y las presidencias muestran ello. El partido izquierdista Ahora Nación conducirá Economía en Diputados y también Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor en el Senado. Fuerza Popular presidirá Producción y Trabajo en Diputados, pero los proyectos que salgan de allí encontrarán luego una comisión senatorial de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo conducida por Obras. Energía y Minas estará primero en manos de Juntos por el Perú y luego por ese mismo filtro. Infraestructura tendrá a Buen Gobierno en Diputados y a Obras en la siguiente etapa. Y esto es solo un ejemplo.
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Esto obliga a abandonar la lectura de una comisión y un centro de decisión. Una regulación importante puede atravesar ahora espacios conducidos por fuerzas distintas, mientras que en otros casos –como Economía– una misma agrupación tendrá las presidencias en ambas cámaras.
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Nada de ello es necesariamente bueno o malo, ni tampoco nos libera del populismo de congresos anteriores. Sin embargo, la nueva dinámica que pretende introducir la bicameralidad debería abrir otra discusión: la idoneidad de quienes los conduzcan.
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No es necesario que quien presida Economía sea economista ni que quien encabece Energía y Minas sea ingeniero. El Congreso es un órgano político. Pero sí cabe exigir conocimiento, capacidad para escuchar posiciones técnicas, disposición para construir consensos y responsabilidad frente al impacto económico de las normas.
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El Perú ha creado más filtros para intentar legislar mejor. Ahora toca comprobar la calidad de quienes estarán al frente de ellos. Porque dos cámaras pueden revisar una ley dos veces, pero no garantiza que la revisen mejor.
