La certeza sobre las reglas electorales es esencial para la institucionalidad. El elector debe saber a quién elige y bajo qué condiciones podrá ejercer el cargo. Cuando las controversias se prolongan durante la campaña, se debilita la confianza en el proceso y en las futuras autoridades.
La controversia sobre alcaldes que postulan como primeros regidores, tras la renuncia de quienes encabezaban sus listas, exige claridad. El artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes. Aplicar esa prohibición requiere distinguir entre la inscripción de una candidatura y el eventual acceso a la alcaldía.
En Lima, el empate técnico entre Renovación Popular y Avanza País reportado por Datum Internacional obliga a esperar el cómputo oficial de la ONPE. La controversia sobre Rafael López Aliaga, inscrito como primer regidor, sigue abierta: el JNE debe aclarar si podría asumir la alcaldía en caso de ganar su lista. El elector merece criterios claros, cualquiera que sea el resultado.
El JNE debe resolver dentro de sus competencias y explicar sus decisiones con claridad. Al Congreso le corresponde corregir las ambigüedades para futuros procesos, respetando la seguridad jurídica. Los criterios deben ser los mismos, cualquiera que sea el candidato o la organización involucrada.
Los partidos también deben asumir su responsabilidad. Una organización que pretende gobernar debe formar cuadros y ofrecer alternativas de liderazgo, en lugar de mantener la campaña alrededor de una misma figura. La inscripción electoral no garantiza capacidad de gestión, continuidad programática ni rendición de cuentas.
Esa exigencia alcanza al oficialismo y a la oposición. Tras la jornada electoral, los primeros sondeos no muestran que Fuerza Popular y Juntos por el Perú hayan traducido su protagonismo presidencial en una representación regional. El contraste exige examinar sus organizaciones: competir por la presidencia no equivale a construir partidos con equipos, liderazgos y propuestas arraigados en el territorio.
Una democracia que depende de figuras individuales tiene dificultades para asegurar continuidad, planificación y responsabilidad política. Cuando el proyecto se agota en el candidato, el relevo se vuelve un problema y los compromisos pueden perder vigencia con cada cambio de autoridad.
El Congreso debe fortalecer las organizaciones políticas con reglas que promuevan democracia interna, transparencia y formación de liderazgos. La reforma pondrá a prueba su voluntad de construir instituciones, incluso si limita sus intereses. El país necesita partidos preparados para gobernar y sostener sus compromisos.
