El Gobierno de Estados Unidos ha emprendido una ofensiva (pacífica, por suerte) para recuperar la influencia económica –también política– que antaño ejercía en América Latina. Ese empuje responde al avance de China en la región, sobre todo a través de inversiones, que no podrían llamarse “privadas” porque la mayoría corresponde a empresas estatales de ese país. El Perú está en medio de la pugna entre las dos superpotencias globales, por su posición geográfica estratégica y su potencial para proveer productos para la llamada “nueva economía”. Si bien los anteriores gobiernos parecían inclinarse por el gigante asiático, las cosas comenzaron a cambiar este año.
El 4 de febrero pasado, representantes de los gobiernos de Perú y Estados Unidos firmaron en Washington un memorándum de entendimiento sobre cooperación en minerales críticos y tierras raras. El acuerdo facilitará la identificación conjunta de proyectos “prioritarios” y el acceso a instrumentos financieros y tecnológicos que “contribuirán a dinamizar nuevas inversiones, fortalecer la competitividad del sector minero peruano y a diversificar su base productiva” según nota de prensa de la Cancillería. Fue durante la gestión de José Jerí –defenestrado por el anterior Congreso trece días después–.
Y el 25 de mayo, en la gestión de José Balcázar, ProInversión y la Embajada de Estados Unidos suscribieron un acuerdo para impulsar inversiones “estratégicas” en nuestro país. La nota de prensa respectiva precisa que se promoverá inversión privada estadounidense, orientada a proyectos con impacto en el cierre de brechas de infraestructura, generación de empleo y mejora de servicios para la ciudadanía. Con el inicio del Gobierno de Keiko Fujimori se pasó de lo económico a lo político, con la adhesión del Perú al Escudo de las Américas, un pacto entre Estados Unidos y regímenes latinoamericanos de derecha (y extrema derecha) para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Según ProInversión, Estados Unidos es el cuarto inversionista extranjero en nuestro país (11% del total), lo que parece modesto. Un obstáculo para que más corporaciones estadounidenses se animen a invertir en el Perú sería cierta desconfianza en la seguridad jurídica. Las empresas de ese país figuraron entre las más perjudicas por las expropiaciones de la dictadura militar. Pero hay antecedentes más próximos, como las rupturas unilaterales de contratos de concesión de la Municipalidad de Lima –y sus costosos arbitrajes– o la cancelación de obras cuando ya estaban avanzadas, como ocurrió con el Hotel Sheraton de Cusco el 2019.
