Presupuesto. La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de reafirmar que el Congreso carece de iniciativa para crear gasto público constituye un paso importante para restablecer uno de los principios esenciales de una economía sana: la responsabilidad fiscal. No se trata de limitar las facultades del Parlamento, sino de preservar un equilibrio institucional que evita que las buenas intenciones terminen comprometiendo la estabilidad de las finanzas públicas.
Durante los últimos años, el Consejo Fiscal ha advertido de manera reiterada sobre normas aprobadas por el Congreso que generan obligaciones permanentes para el Estado sin contar con una fuente sostenible de financiamiento. Entre ellas figuran incrementos de pensiones, homologaciones remunerativas y cambios de régimen laboral cuyo costo asciende a miles de millones de soles. Muchas de estas iniciativas respondieron a demandas legítimas de distintos sectores, pero fueron aprobadas sin una evaluación integral de sus efectos sobre el presupuesto público.
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La sentencia del TC no elimina automáticamente esas leyes, pero sí restablece un criterio que nunca debió perderse: quien administra los recursos públicos debe ser también quien proponga los gastos permanentes. Ese principio no busca concentrar poder en el Ejecutivo, sino garantizar que cada nuevo compromiso del Estado sea compatible con la sostenibilidad de las cuentas fiscales.
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La estabilidad macroeconómica ha sido uno de los principales activos del Perú durante las últimas décadas. Preservarla exige disciplina, incluso cuando ello implique decir no a medidas que generan réditos políticos inmediatos. Foto: GEC.
El desafío ahora recae en el Gobierno entrante. Allí donde el marco legal aún lo permita y los plazos de promulgación o de observación lo hagan viable, corresponde revisar aquellas iniciativas que comprometen de manera significativa las finanzas públicas sin un adecuado sustento técnico o presupuestal. No será una tarea sencilla ni políticamente popular, pero gobernar también implica tomar decisiones responsables cuando el interés de largo plazo del país está en juego.
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La estabilidad macroeconómica ha sido uno de los principales activos del Perú durante las últimas décadas. Preservarla exige disciplina, incluso cuando ello implique decir no a medidas que generan réditos políticos inmediatos. La decisión del Tribunal Constitucional va en esa dirección. Corresponde ahora que los poderes del Estado actúen con la misma responsabilidad para evitar que el equilibrio fiscal siga debilitándose.
