EXCESIVA REGULACIÓN. Según el reporte trimestral del INEI de empleo a nivel nacional, la informalidad laboral disminuyó ligeramente en el periodo anual que terminó en marzo pasado, respecto del mismo periodo terminado en marzo del 2024. Se redujo a 70.7% de la PEA ocupada desde 71.2%. Esa pequeña mejora, que vino de la mano del rebote del PBI, corre el riesgo de estancarse o, peor, retroceder, si el Congreso sigue insistiendo con la aprobación de proyectos de ley que sobrecargan la iniciativa privada.
Una de las principales causas de la informalidad es, precisamente, el costo de la excesiva regulación, tanto de la que establecen los municipios, el Gobierno nacional –el régimen de Pedro Castillo fue especialmente perjudicial para el sector privado– y el Legislativo. Al respecto, existen 82 dictámenes de proyectos de ley en materia laboral que ya recibieron “luz verde” en comisiones parlamentarias, de modo que pueden ser debatidos en el pleno, según un informe de Axpen, una alianza entre Apoyo Consultoría y el estudio Vinatea & Toyama.
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De dichos dictámenes, Axpen ha identificado ocho que considera de alto impacto para el régimen privado. Por ejemplo, uno considera a los grupos empresariales como una sola empresa para efectos de la negociación colectiva, fortalece la huelga y limita la posibilidad de otorgar beneficios a personal no sindicalizado. El objetivo sería inducir la obligatoriedad de la sindicalización, castigando a los trabajadores que no lo hagan. Y considerar a los grupos económicos como una sola empresa para la negociación colectiva carece de lógica porque las condiciones laborales sin distintas en cada sector productivo.
Otro proyecto busca que los pagos por derechos laborales producto de resoluciones emitidas por Sunafil sean exigibles directamente ante el Poder Judicial. En otras palabras, no habría una instancia intermedia, como sucede con la tributación y el Tribunal Fiscal. Hablando de Sunafil, la semana pasada, la Comisión de Trabajo aprobó un proyecto de ley que plantea otorgar bonos a inspectores de la entidad financiados con las multas que esta impone. Esto sería un incentivo negativo, porque provocaría un aumento de multas injustificadas.
En general, las iniciativas legislativas laborales son de carácter regulatorio y restrictivo, según Ricardo Valdiviezo, jefe de Investigación y Desarrollo de Vinatea & Toyama, promovidas por bancadas de izquierda. Un segundo grupo está conformado por propuestas populistas, pero que también suman a los costos de la formalidad. Y en periodo electoral, ambos grupos abundan.
