A pocos días del inicio de las clases escolares en los colegios estatales, la educación pública enfrenta una crisis profunda. La precariedad de la infraestructura, arrastrada por muchos años, se agrava con una ola de extorsiones que amenaza la seguridad incluso en los colegios. La combinación de abandono y violencia coloca a millones de niños en una situación de vulnerabilidad inaceptable, mientras las autoridades reaccionan con lentitud.
LEA TAMBIÉN: Sunat: Hoy te digo que sí, mañana que no
Un informe del IPE recoge que, de acuerdo con cifras del Minedu, el 51% de los locales de educación básica requieren sustitución total. Otros 15,000 colegios necesitan sustitución parcial, reforzamiento o intervención contingente. Con ellos, más de 4 millones de alumnos se verán afectados o en riesgo. Año tras año, el inicio del año escolar llega con el mismo problema y ninguna gestión gubernamental le da prioridad. Se hacen anuncios, pero los niños siguen estudiando en colegios en ruinas. Ningún Gobierno ha asumido con seriedad garantizar condiciones dignas.
LEA TAMBIÉN: Accidentes laborales: ¿Existe una crisis en la gestión de seguridad y salud en el trabajo?
A esto se suma la inseguridad. Más de 450 colegios privados han recibido amenazas de extorsión, según Anacopri. Cada colegio cerrado por la delincuencia es un golpe económico y social. Pero más grave aún es que el Estado ha cedido su capacidad de garantizar educación y seguridad. La respuesta del Ministerio del Interior es insuficiente. “Un poco de paciencia”, piden, mientras los colegios son blanco del crimen organizado. Se hacen reuniones entre instituciones públicas y se anuncian “novedades”. Sin embargo, el letargo refleja una peligrosa normalización del miedo. Esperamos que en los próximos días se desarticulen a las redes delincuenciales.
LEA TAMBIÉN: Chancay: tiene puerto, pero sigue a la deriva
En los últimos años, en el debate de las políticas educativas se ha priorizado el incremento salarial de los docentes, dejando de lado la inversión en infraestructura. La educación es una de las principales herramientas para romper el círculo de la pobreza, pero el país sigue sin garantizar condiciones básicas para su desarrollo. Ahora que la nueva gestión del MEF ha puesto el foco en las Asociaciones Público Privadas (APP), dicho mecanismo podría ser una vía para cerrar la brecha, pero sino se hace bien, será solo otro parche en una crisis estructural.
LEA TAMBIÉN: Perspectivas para el precio del oro: ¿Compramos o vendemos?
La educación en el Perú está en emergencia. No solo se necesitan recursos, sino voluntad política para priorizar lo urgente. No se puede seguir postergando el futuro de millones de niños mientras las autoridades piden paciencia y actúan con ineficiencia. Es momento de exigir soluciones reales, decisiones firmes y que el Estado asuma su responsabilidad antes de que esta crisis se lleve por delante a una generación completa.
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.
