La semana pasada, desde Davos, Julio Velarde afirmó que, pese a la volatilidad política, el crecimiento del Perú no ha sido tan malo. El comentario vuelve a poner en evidencia una de las fortalezas más reconocidas del país: la estabilidad macroeconómica. Pero en esa misma intervención, Velarde recordó un punto menos recurrente en el debate público, aunque igual de determinante: “Si tienes una población con educación, serás próspero al final. Pero tienes que invertir en eso”.
LEA TAMBIÉN: Nuevos negocios en el 2026: del discurso estratégico a la ejecución real
En el Perú, la educación sigue siendo el principal factor que condiciona el desarrollo futuro. Marilú Martens, en sus columnas publicadas en El Comercio, ha planteado diagnósticos claros sobre la situación actual del sector. Los resultados educativos continúan marcados por el lugar de nacimiento, el territorio y el nivel socioeconómico. Se trata de una desigualdad persistente que limita oportunidades y reduce la capacidad del país para crecer con mayor cohesión social.
LEA TAMBIÉN: La gobernanza no es un gasto: es una de las inversiones más rentables
El presupuesto educativo del 2026 refleja bien esta tensión. Es el más alto de los últimos años y casi duplica el monto asignado hace una década. Una parte significativa de ese incremento se ha destinado a mejorar las remuneraciones docentes. Esa decisión, hasta cierto punto, era necesaria. Sin embargo, el problema surge cuando ese aumento no está acompañado de políticas claras que aseguren mejoras verificables en los aprendizajes. Si los estudiantes no fortalecen sus competencias en lectura o matemáticas, por mencionar solo dos indicadores, el mayor gasto termina siendo un incremento sin resultados. Presupuesto desperdiciado a cambio de nada.
LEA TAMBIÉN: El CEO que no integre IA y clima está subestimando su riesgo financiero
A este escenario se suma un retroceso adicional: el debilitamiento de la reforma universitaria. El Congreso ha adoptado –y continúa promoviendo– decisiones que han llevado a su progresivo desmantelamiento. Son medidas políticas que reducen estándares y trasladan el costo al futuro. Con ello se deteriora la calidad de la educación superior y se afecta directamente la formación de capital humano y la capacidad del país para competir, innovar y generar empleo.
LEA TAMBIÉN: El riesgo de convertir la fiscalización remota en intromisión excesiva
Frente a este panorama, el proceso electoral que se aproxima debería servir para algo más que promesas generales. La pregunta es concreta: ¿qué políticas ofrecen los candidatos para mejorar la educación y con qué evidencia respaldan esas propuestas? También es momento de recordar qué partidos han contribuido a erosionar los avances logrados y sancionarlos en las urnas negándoles nuestro voto. Repetir los mismos errores no es una opción
