DESCONTROL. Uno de los hitos más importantes que celebramos cuando conmemoramos la Batalla de Ayacucho, fue el hecho de que aquella victoria hace poco más de 200 años, significó la expulsión del contingente militar realista que seguía reclamando como suyos buena parte de nuestro actual territorio nacional; particularmente en el centro y sur. Es decir, si bien tomó tiempo tomar control efectivo de varias otras zonas del país, el triunfo en la Pampa de la Quinua significó quizá la consolidación territorial más importante de lo que sería luego la nueva República del Perú.
Poco más de dos siglos después, hoy nos encontramos frente a un escenario lamentable: tras décadas de consolidación institucional y territorial, que incluyeron un histórico acuerdo diplomático con Chile sobre nuestra frontera marítima (fruto de una sentencia de la Corte de La Haya), desde hace algún tiempo hemos empezado a retroceder nuevamente en lo que respecta al control de nuestro territorio. Esta vez, sin embargo, no frente a alguna potencia extranjera invasora, sino frente al avance de criminales organizados a quienes el Estado no viene siendo capaz de frenar.
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Se trata de un problema que crece por dos frentes. Por un lado, ciertamente las bandas criminales se han ido volviendo cada vez más violentas y sofisticadas, tejiendo redes internacionales y logrando tener cada vez más acceso a mejores armas, tecnología y otros recursos. Dicho esto, es innegable que existe también una incompetencia cada vez más notoria del Estado peruano para responder a estos avances del crimen organizado.
Existen varios problemas que enfrentamos desde hace décadas que dificultan la lucha efectiva contra el crimen, como la corrupción y excesiva burocracia de nuestro sistema de justicia. Y, ciertamente siempre ha habido zonas del país sin presencia efectiva del Estado.
La diferencia esta vez es que, tras varios años y gobiernos que mantuvieron una relativa estabilidad y lograron construir un Estado con mejores armas para enfrentar a la criminalidad, está claro que al menos desde el Gobierno de Pedro Castillo –y probablemente desde antes– hemos empezado más bien a retroceder en estos aspectos. En los últimos años, varias de las leyes contra el crimen organizado que aprobamos para alinearnos con las mejores prácticas internacionales han sido derogadas, y es evidente que la influencia de sectores como la minería ilegal en la política ha crecido significativamente.
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La ineficiencia extrema del Gobierno de Boluarte, que va más allá del aspecto de la inseguridad, nos deja hoy no en un piloto automático que nos permita crecer en paz, sino en uno que está perdiendo cada vez más fuerza y altura. Y que está cada vez más cerca de colisionar. Si nada cambia, episodios como el de Pataz no solo seguirán ocurriendo, sino que se expandirán a otros sectores. ¿Qué estamos esperando?
