SISTEMA DE JUSTICIA. En los últimos días hemos vivido un nuevo episodio del conflicto que, ya desde hace meses, vienen protagonizando el Ministerio Público, por un lado, y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por otro; con participación indirecta del Congreso y del Ejecutivo. Lamentablemente, lejos de significar un final de esta historia, lo ocurrido más bien sugiere que este enfrentamiento podría continuar escalando.
El viernes, la JNJ suspendió por seis meses a quien hasta ese día se desempeñó como fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Ello por no haber ejecutado la resolución que este organismo había emitido meses antes, en la que había ordenado la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y como fiscal de la Nación.
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Como se recuerda, en su momento, Espinoza y los fiscales superiores coordinadores nacionales cuestionaron la validez de esa decisión, ya que la resolución no fue publicada inmediatamente y no quedó claro que haya seguido el procedimiento que exige la ley. Pese a ello, Espinoza aceptó su suspensión y, tras ello, Pablo Sánchez asumió otra vez el cargo de forma interina. Sin embargo, Espinoza podría aún buscar su reposición por la vía judicial, por lo que su salida de la fiscalía de la Nación aún no es definitiva.
Horas antes de ser suspendida, Espinoza había sorprendido y generado polémica al solicitar a la Corte Suprema la declaración de ilegalidad de Fuerza Popular, algo que solo puede hacer el fiscal de la Nación. En el pedido, alegó que, al igual que ocurrió con el partido A.N.T.A.U.R.O., Fuerza Popular encajaría en el supuesto prohibido de ‘conducta antidemocrática’, por haber, entre otros asuntos, alentando agresiones verbales y hostigamientos contra magistrados, periodistas, y otros altos funcionarios. Este pedido ahora tendrá que evaluarse al margen de si Espinoza retorna o no a la Fiscalía.
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Finalmente, ayer se confirmó la elección de un nuevo fiscal de la Nación: el recientemente reincorporado Tomás Aladino Gálvez. Si bien se trata de un fiscal de carrera, preocupa que se trate de uno que había sido destituido por unanimidad por la JNJ anterior, por su vinculación con el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ y sus llamadas con el hoy prófugo exjuez César Hinostroza. Gálvez, además, es el líder de uno de los partidos que participará en las próximas elecciones.
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Más allá de lo que termine ocurriendo, al final importa poco quién pueda tener razón. Desde fuera y, con el nivel de politización al que ha llegado este conflicto, lo único que queda claro es que nuestras instituciones del Sistema de Justicia no están funcionando, se encuentran politizadas y en crisis. Y los más perjudicados, sin lugar a duda, siguen siendo los ciudadanos de a pie.
