Los Gobiernos peruanos suelen llegar a su quinto y último año (si es que llegan) bastante desgastados, con alta desaprobación y escaso apoyo de la opinión pública. Pero el caso del régimen de Dina Boluarte es penosamente distinto, pues con apenas dos años y medio, ya está completamente desgastado y con una aprobación a ras del suelo. La presidenta llega a su último año con casi nada positivo que mostrar. Al contrario, su frivolidad y desinterés –compartida por la mayoría de sus ministros, actuales y pasados– han agravado problemas como la inseguridad, las actividades ilegales y el deterioro de la institucionalidad.
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Si bien el Congreso es el principal responsable de esos problemas, Boluarte y sus ministros han pecado por omisión, pues han dejado pasar autógrafas de ley perjudiciales que, en consecuencia, tuvieron que ser promulgadas por el Legislativo. Lo más “valeroso” que ha hecho la mandataria ha sido observar algunas autógrafas que, en la mayoría de los casos, los congresistas optaron por ignorar. Es que desde el principio, la permanencia de Boluarte, sin partido político ni respaldo popular, ha dependido del Congreso, de modo que sería impensable cualquier enfrentamiento con los empoderados legisladores.
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La escasa capacidad de gobernar de la mandataria también se evidencia en los constantes cambios de ministros (van más de 60). Ni el MEF se ha salvado, pues en estos escasos dos años y medio, el Gobierno ha tenido cuatro titulares de esa cartera. Al parecer, lo que más le interesa a Boluarte es participar en actos protocolares, aunque la población ha estado mostrando su descontento con mayor intensidad cuando se ha atrevido a viajar al interior. A pesar de ese mediocre currículum, se subió el sueldo y, además, podrá recibir más regalos.
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Ante esta situación, cabría preguntarse qué podrían hacer el Ejecutivo, el Congreso y las entidades estatales en su conjunto, para no agravar más la situación de incertidumbre y crear condiciones mínimas de estabilidad. Quizás la respuesta idónea sería que no hagan nada, para no empeorar las cosas, pero será un año electoral, lo que podría traducirse en una mayor generosidad de los legisladores. Es decir, más leyes que seguirán elevando el gasto público.
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Se vienen doce meses complicados, pues el ruido electoral actuará como un freno natural para cualquier decisión de inversión, sobre todo a mediano y largo plazo. Ni pensar en reformas estructurales, pues ni Boluarte ni el Congreso han dado muestras de preocuparse por el futuro del país. Solamente se preocupan por intereses particulares.
