El estado de emergencia en Lima y Callao marca el primer gesto político relevante del presidente José Jerí. Con ello, el Gobierno intenta enviar un mensaje de autoridad y acción frente a una delincuencia que se ha vuelto una amenaza constante para ciudadanos y empresas. Que se tomen medidas es, sin duda, un paso en la dirección correcta, pero el desafío consiste en que estas no se queden en el plano del espectáculo ni sean simplemente parte de la estrategia de comunicación del mandatario.
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El foco en los penales es, probablemente, el aspecto más prometedor. El “apagón electrónico”, la destrucción de antenas ilegales y la restricción de visitas apuntan a generar una disrupción en las bandas criminales que operan desde prisión. Se sabe que el sistema penitenciario ha sido el centro neurálgico de extorsiones, secuestros y amenazas. Si se aplica con rigor y continuidad, podría marcar una diferencia real.
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También es positiva la coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los serenazgos, así como la vigilancia sobre los mercados ilegales de armas, drogas y autopartes. Sin embargo, por la magnitud del fenómeno criminal, ninguna de estas medidas será suficiente por sí sola. La inseguridad no se resuelve solo con patrullajes y operativos: requiere una estrategia integral que articule a todos los sectores (Interior, PNP, Poder Judicial, Ministerio Público, gobiernos locales, Congreso y sociedad civil). Cada actor tiene un rol en la prevención y la sanción.
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El presidente Jerí parece haber comprendido que la ciudadanía exige acción inmediata, pero confunde actividad con eficacia. Las requisas y los anuncios rimbombantes sirven para la foto, no para sostener una política de largo plazo. Si el nuevo Gobierno quiere diferenciarse, debe construir un sistema que no dependa de estados de emergencia, sino de instituciones que funcionen.
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En un país donde la informalidad supera el 70%, la inseguridad no es solo un tema policial: es también un problema económico. La criminalidad incrementa los costos de las empresas, desincentiva la inversión y erosiona la confianza. Cada extorsión o asalto en la calle se traduce en menos productividad, menos empleo y más pobreza. Por eso, la lucha contra el crimen tiene también una dimensión económica.
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El estado de emergencia, si se aplican medidas eficaces y sostenidas, ofrece una oportunidad: probar si el Gobierno puede transformar la urgencia en estrategia. Si la intervención en los penales y el control territorial se acompañan de reformas judiciales, fortalecimiento institucional y políticas de prevención, habrá razones para el optimismo. Si no, el riesgo es que todo se reduzca a otro episodio de anuncios y fuegos artificiales.
