Las protestas y tomas de carreteras de mineros que se autoperciben como “artesanales” obligaron al Gobierno de Dina Boluarte a instalar una mesa de diálogo que, en la primera de sus ocho sesiones, realizada el viernes, acordó crear un subgrupo de trabajo que examinará, según el premier Eduardo Arana, “de manera técnica y jurídica, los términos legales de varios aspectos”. Es decir, se revisará las normas legales que generaron las protestas, entre ellas la que excluyó del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a 51,565 inscritos debido a que tenían su registro suspendido y no reportaban actividad hasta por cuatro años.
Se trata del Decreto Supremo 009-2025-EM, promulgado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) el 17 de mayo pasado, que amplió hasta el 31 de diciembre la vigencia del Reinfo para quienes cumplían los requisitos respectivos (31,560 inscritos). Lo curioso es que hoy, 21 de julio, vence el plazo para que los excluidos del Reinfo presenten recursos de reconsideración, según informó el titular del Minem, Jorge Montero, dos días antes de la sesión de la mesa de diálogo. Al parecer, el Gobierno habría cedido ante las presiones, sobre todo de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin).
Este gremio, que lideró las protestas, también ha pedido que mientras dure la mesa de diálogo, se suspendan las interdicciones, pues “afectan a los mineros en vías de formalización”, pese a que el premier Arana ha asegurado que dichas operaciones continuarán –días antes de las protestas, dijo que no se permitirá tomas de carreteras–. No sería sorpresa que se suspendan las interdicciones o se extienda el plazo del Reinfo, considerando la debilidad del Gobierno, cuya supervivencia depende del Congreso, que ha aprobado leyes que favorecen a la minería ilegal y, además, debate proyectos de ley que facilitarían el lavado de dinero procedente de esa actividad (Gestión 07/07/2025).
El Reinfo fue creado en diciembre del 2016, como primer paso para acceder a la formalización minera. Tenía carácter transitorio, excepcional y con una duración de 120 días hábiles. Pero debido a sus múltiples ampliaciones, ese plazo se ha transformado en nueve años. Hasta inicios del presente mes, solamente el 2.4% de inscritos se había formalizado (alrededor de 2,000), de modo que es bastante difícil que los 31,650 con Reinfo vigente, más los excluidos que logren ser readmitidos, se formalicen hasta el cierre de este año. Lo cierto es que nunca hubo voluntad política para solucionar el problema, que hoy parece inmanejable.
