Al cierre de esta edición, aún no había claridad respecto de lo que ocurrirá con la Mesa Directiva del Congreso. Tras la vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí como presidente de la República, el Parlamento se encuentra en un punto de definición. En las últimas horas, algunas bancadas han planteado posiciones disímiles sobre una eventual recomposición de la mesa, lo que mantiene en suspenso la conducción del Legislativo e incluso del Ejecutivo.
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Un informe de El Comercio esboza diversos escenarios. En la continuidad, Jerí seguiría formalmente como titular del Congreso –y, por ende, del Ejecutivo–, mientras Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) se mantiene como primer vicepresidente encargado de la presidencia del Parlamento. Este desenlace, aunque ordenado, prolongaría la actual tensión entre quienes exigen cambios y quienes defienden la estabilidad. De cualquier forma, un entorno así era previsible para los próximos meses.
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Una censura total de la Mesa Directiva, como la sugerida por sectores de izquierda que reclaman una renovación completa, tendría un alto costo institucional debido al reacomodo que implicaría en el Ejecutivo. También hay fórmulas intermedias, como la renuncia de Rospigliosi, cuya continuidad ha generado expectativa. Sobre ello aún no hay claridad, pese a algunos trascendidos que indicaban que decidió permanecer en el cargo. A su vez, Fuerza Popular no ha logrado ofrecer una posición clara.
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De cualquier forma, en este contexto nada garantiza que un supuesto escenario de estabilidad, con Rospigliosi en su cargo, traiga consigo mayor sensatez. El Congreso ha mostrado en más de una ocasión su predisposición a aprobar medidas populistas que afectan las finanzas públicas, la seguridad jurídica y la confianza empresarial. Aunque Rospigliosi es conocido por su enfoque duro en temas de seguridad ciudadana y por su respaldo a la cuestionada Ley de Amnistía, su bancada ha apoyado iniciativas de claro impacto fiscal o retrocesos legislativos, como los retiros de fondos de las AFP.
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Por otro lado, una recomposición total de la Mesa Directiva solo añadiría más inestabilidad, especialmente en el Ejecutivo. El país no puede soportar nuevos sobresaltos institucionales. Pero tampoco puede continuar con un Parlamento que, ante la inminencia de las elecciones generales, convierte cada votación en una oportunidad para el cálculo electoral o el rédito de corto plazo.
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Hoy, más que un cambio de nombres, el Perú necesita que su clase política recupere al menos una noción de lo que son los límites. Los impulsos populistas no se corrigen con reemplazos, sino con responsabilidad. Y aunque esa conciencia colectiva parezca lejana, aún hay tiempo (poco) para evitar que el Congreso vuelva a dinamitar la confianza en nuestro país.
