Lamentablemente, este Congreso nos ha acostumbrado ver, semana tras semana, que su agenda de prioridades está desconectada de la realidad. En lugar de concentrarse en debatir y aprobar reformas urgentes en temas como las reglas electorales, el funcionamiento del sistema de justicia o la lucha contra la inseguridad, es más común que nuestros representantes den prioridad a asuntos como mejoras en la calidad de sus propios refrigerios, enfrentamientos políticos con otras instituciones o la declaración de nuevos días festivos, como la reciente creación del Día del Charango Peruano.
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En los pocos casos en que el Congreso ha logrado ponerse de acuerdo y aprobar alguna ley urgente, muchas de las modificaciones han terminado haciendo más daño que bien. En lugar de escuchar a los expertos, se aprueban iniciativas sin sustento técnico, que parecen responder a intereses privados o incluso ir en contra de la ciudadanía. Es el caso, por ejemplo, de los cambios aprobados el año pasado a la ley contra el crimen organizado, que debilitaron a la Fiscalía y beneficiaron a los investigados (incluidos varios políticos).
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Por eso no sorprende que, desde el 22 de abril, entre en vigencia otra modificación aprobada por el Parlamento el año pasado. Como tantas otras, muestra la falta de conciencia de nuestros legisladores sobre el daño que causan al aprobar normas desconectadas de la realidad. Desde esa fecha, los familiares de los congresistas podrán contratar con el Estado en todo el país, algo que hasta ahora estaba prohibido. Además, la restricción que impide a los propios congresistas –así como al presidente, vicepresidentes y ministros– contratar con el Estado durante 12 meses después de dejar el cargo, se reducirá a solo seis meses.
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¿Qué beneficio podría traerle a un país en el que ya existe una crisis de confianza y altos índices de corrupción una norma que reduzca la protección ante posibles conflictos de interés? Y aunque existiera algún beneficio, ¿era este el momento adecuado para hacerlo? ¿No es evidente que esta norma generará aún más desconfianza en la población, siendo este el Congreso más impopular de la historia?
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El potencial impacto negativo es aún mayor si se considera que el Congreso se ha autoexcluido de la aplicación de la Ley del Servicio Civil, lo que le permite seguir contratando informalmente a buena parte de su personal mediante órdenes de servicio. Pese a todo, fueron 91 los congresistas que votaron a favor de este cambio, una decisión que agrava el descrédito del Parlamento y debilita los límites entre lo público y lo privado.
