El Ministerio Público viene atravesando, desde hace mucho, varios problemas institucionales graves. En las últimas décadas hemos visto, entre otros, casos de fiscales de todos los niveles acusados de liberar presuntos criminales en circunstancias sospechosas, o que ofrecieron cerrar investigaciones penales a cambio de favores políticos o personales.
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Ante ello, hay numerosos motivos para criticar a la institución, sin embargo, también han proliferado acusaciones contra la Fiscalía que, más que partir desde un análisis técnico, parecen haberlo hecho desde un cálculo más político. O haber ubicado primero al rival a quién se buscaba atacar y, solo después, a encontrar los argumentos legales que los respalden.
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En marzo, por ejemplo, el Gobierno afirmó que la Fiscalía venía intentando dar un “golpe de Estado blanco” (sic), por haber iniciado indagaciones contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez, así como contra otros funcionarios del Ejecutivo. Incluyendo a la propia presidenta. Sin embargo, no llegó a ofrecer ninguna prueba ni explicación coherente sobre en qué habría consistido ese supuesto “golpe”, ni sobre cuáles serían las acciones concretas que habrían materializado dicha medida.
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Más recientemente, luego de que se supiera que la Fiscalía inició formalmente las diligencias preliminares de un caso en el que se acusa a Fuerza Popular de haber cometido supuestas conductas antidemocráticas, varios políticos de este partido y otros simpatizantes han acusado al Ministerio Público de tener la intención institucional de “anular” al partido de las próximas elecciones. Sin embargo, la denuncia no fue presentada de oficio por la Fiscalía, sino por una ciudadana, por lo que la Fiscalía, por el momento, solo está verificando si existe mérito para continuar con el caso. Habría que esperar los próximos pasos del Ministerio Público para realizar comentarios más consistentes.
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Críticas débiles como estas, lejos de contribuir con encontrar soluciones para los problemas del Ministerio Público, solo generan más ruido. Desvían la atención de los problemas que de verdad sí tiene la Fiscalía y, en vez de ello, permiten que los políticos pongan más atención a los proyectos que los beneficiarán políticamente. Así, en lugar de arreglar algo, terminan por agravar los problemas de politización de la justicia que sabemos que nos aquejan.
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Apenas en enero de este año, la OCDE expresó su preocupación por la situación que vienen enfrentando los fiscales y jueces en el Perú, a propósito de críticas con poca base como estas. Cualquier país en el que se persiga a fiscales por razones políticas, después de todo, generará desconfianza en los mercados. ¿Por qué seríamos la excepción?
