El fin de semana, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley del anunciado pedido de facultades legislativas, a fin de recibir la autorización para emitir normas con rango de ley (decretos legislativos) durante 60 días. La solicitud no abarca exclusivamente legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, sino también el crecimiento económico “responsable” y el fortalecimiento institucional. En el primer caso, el Ejecutivo plantea aprobar decretos legislativos –entre modificaciones a leyes vigentes o promulgación de nuevas– en 26 temas. En el segundo, figuran 24 y, en el tercero, ocho.
Como suele ocurrir con los proyectos de ley que presenta el Ejecutivo al Congreso, el mencionado está debidamente sustentado con una extensa exposición de motivos (77 páginas). Esta obligación suele ser tomada a la ligera por los legisladores con sus propios proyectos de ley. Son tan desprolijos, pésimamente redactados y carentes de argumentos técnicos que causan vergüenza ajena. El hecho de que el Ejecutivo sí se tome el trabajo de explicar el porqué de sus iniciativas legislativas, sobre todo si las hace públicas, como ha ocurrido con su actual pedido de facultades, permite el debate.
El tema más controversial lleva el número 5 en la lista: Incorporar en el Código Penal el delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales. Esta propuesta no es nueva, pues ya la plantearon gobiernos previos y buen número de congresistas, actuales y pasados. En concreto, se pretende castigar penalmente a quienes en la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía y otras entidades pasen información a periodistas. Esto ha causado preocupación en medios de prensa, aunque el presidente José Jerí ha intentado ponerle paños fríos a la controversia.
Ha dicho que no se busca “limitar el trabajo de la prensa” y que cuando se elabore el decreto legislativo respectivo, se llamará a la prensa para que emita su opinión. El tema 26 del pedido de facultades podría servir para tipificar la “información reservada”, ya que plantea que es la relacionada con patrullajes, operativos policiales y otras acciones para prevenir o reprimir delitos. Sin embargo, es necesario precisar el asunto.
En cuanto al crecimiento “responsable”, hay propuestas en torno a la eficiencia de la fiscalización tributaria y aduanera, en general, dirigidas a quienes ya pagan impuestos. Y el fortalecimiento institucional incluye la creación de dos superintendencias en el Ministerio de Justicia, o sea, más burocracia.
