El miércoles pasado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) presentó el Registro de Trabajadores en la Informalidad Laboral, una herramienta que calificó de “hito histórico”. Pero solo podría alcanzar ese estatus si llega a cumplir las funciones para las que fue creado, entre ellas una muy ambiciosa: “Empezar a transitar hacia la formalidad”, según declaró el titular del MTPE, Daniel Maurate.
Se trata de una app con data a nivel departamental, provincial y distrital de todo el país, por tipo de actividad laboral, nivel de instrucción, categoría ocupacional, entre otros criterios, pero no se informó la fecha de corte, es decir, a qué periodo corresponden las cifras.
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Tampoco se precisó cada cuánto tiempo se actualizará. Maurate solo señaló que el registro se actualizará y perfeccionará “con el tiempo”. El INEI, que participó en la elaboración del registro, según el MTPE, actualiza su data de empleo a nivel nacional, incluido el trabajo informal, con periodicidad trimestral.
La más reciente correspondió a diciembre pasado y fue publicada en febrero. Su estimado de empleo informal (12.28 millones de personas) es menor que el del registro del MTPE (12.39 millones), aunque no se podría concluir que hubo un incremento, pues las metodologías usadas son distintas.
Otro asunto de interpretación, no de cifras sino de informes económicos, parece haber afectado a Maureate en torno al emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ha señalado que dicho informe “ha sido favorable, en el sentido de que entiende las dificultades y los problemas estructurales que hay en el Perú”. Pero “favorable” significa otra cosa.
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Lo que el documento señala, con respecto al empleo, es que el informal ha caído modestamente pero sigue siendo superior al 70% de la PEA ocupada. Además, advierte que persisten riesgos significativos para la economía peruana debido a incertidumbres geopolíticas y de política gubernamental interna.
Al respecto, el shock desregulatorio lanzado por el MEF incluye la derogatoria de dos normas laborales emitidas durante el régimen de Pedro Castillo, que atentan contra la libre contratación porque desvirtúan la tercerización y el derecho a huelga. Maurate no estaría muy de acuerdo y ha esgrimido como pretexto que esos temas deben ser consensuados en el Consejo Nacional del Trabajo. Lo curioso es que la primera no está siendo aplicada porque Indecopi la declaró barrera burocrática. En el caso de la segunda, es probable que siga la vía judicial para convertirse en inaplicable.
