El debate presidencial del último domingo, por un lado, permitió conocer con mayor detalle las prioridades de los candidatos. Por otro, confirmó que el Perú enfrenta una elección marcada por dudas profundas sobre la capacidad de ambos para responder a los desafíos que tendrá el próximo Gobierno. Sin embargo, las explicaciones ofrecidas estuvieron lejos de despejar todas las interrogantes.
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En el caso de Fujimori, el debate mostró fortalezas y limitaciones. La candidata reiteró una propuesta económica relativamente coherente, basada en la defensa de la inversión privada, la seguridad jurídica, la autonomía del BCR y la ejecución de grandes proyectos de infraestructura. Es decir, una agenda alineada con el modelo económico vigente y orientada a recuperar el crecimiento. Sin embargo, persisten dudas legítimas sobre la capacidad real del Estado para ejecutar muchas de las obras anunciadas.
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Aun así, existe una diferencia importante respecto de su rival. En materia económica, es posible identificar con claridad cuál sería la orientación de un eventual Gobierno de Fuerza Popular. No hubo esa claridad durante los turnos de Roberto Sánchez y, en realidad, durante toda la campaña.
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El candidato de Juntos por el Perú defendió un programa que proponía revisar tratados de libre comercio, eliminar contratos ley y promover cambios significativos y sumamente riesgosos en el modelo económico. Sin embargo, ayer ha presentado un nuevo documento que contradice su plan primigenio.
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La búsqueda de consensos no es criticable. Lo preocupante es que el cambio no aparece como una evolución gradual, sino como una rectificación abrupta sobre aspectos centrales de su propuesta original. Una decisión así de repentina se ve también improvisada. Los electores tienen derecho a preguntarse cuál de los dos documentos refleja realmente el programa que pretende aplicar. Sobre todo si se toma en cuenta que este nuevo plan insiste en impulsar un cambio constitucional.
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Sánchez sostiene que el nuevo texto recoge acuerdos con distintos sectores y que será la hoja de ruta de un eventual gobierno. Sin embargo, la explicación no elimina las dudas. Si las propuestas iniciales eran correctas, resulta difícil entender por qué fueron abandonadas. Y si las nuevas representan el verdadero camino, cabe preguntarse por qué los ciudadanos deberían ignorar aquello que se defendió durante meses.
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La confianza no se construye con documentos sucesivos, sino con consistencia. El Perú necesita discutir cómo crecer más, cómo combatir la inseguridad y cómo reducir la pobreza. Pero antes de ello necesita algo más básico: saber con claridad cuáles serán las reglas de juego.
