La noche del viernes pasado, la Comisión de Energía y Minas del Congreso postergó para sesiones posteriores el debate de un predictamen que propone ampliar por un año la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que en principio debía caducar el próximo 31 de diciembre. A pesar de que esta actividad, que suele disfrazarse de “informal” o “artesanal”, no cuenta con apoyo del grueso de la ciudadanía, sí tiene respaldo en el Congreso. Por ejemplo, Guido Bellido (Podemos Perú) y Wilson Quispe (Juntos por el Perú) proponen ampliar el Reinfo hasta el 2029. Pasión Dávila (Bancada Socialista) ha sido más radical: quiere que nunca caduque.
El lunes pasado, bastó con que uno de los gremios más activos, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) amenace con nuevas protestas –como las ocurridas en julio, con tomas de carreteras incluidas–, para que los congresistas se “pusieran las pilas” y retomen el debate del Reinfo. Si los mineros que se autoperciben pequeños y artesanales reclaman prorrogar la vigencia de dicho registro, habría que concluir que son informales, condición que caracteriza a la minería ilegal. Y han tenido nueve años para hacerlo –fue creado en diciembre del 2016, con carácter transitorio y una duración de 120 días hábiles–. Hasta inicios de julio último, alrededor de 2,000 mineros se habían formalizado, apenas el 2.4% del total con Reinfo vigente.
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Entre el 2020 y el 2024, según la Fiscalía, el número de denuncias por minería ilegal pasó de alrededor de 800 a más de 2,500. Este incremento sería motivo para que un endurecimiento de la legislación, pero eso no ha ocurrido. Por ejemplo, la Ley 32446, promulgada por Dina Boluarte el 19 de setiembre, omite a la minería ilegal en la definición del delito de “criminalidad sistémica”, cuya pena es cadena perpetua. Así que seguirá teniendo penas muchísimo más leves –entre cuatro y ocho años, que se extienden a diez si se usa a niños para trabajo forzoso–. El Decreto Legislativo 1585, promulgado por el Gobierno de Boluarte en noviembre del 2023, conmuta penas por prestación de servicios, suspensión de la pena o vigilancia electrónica. Hay muchas otras normas igual de “raras”.
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Mientras tanto, la minería legal, que respeta la legislación y genera un notable efecto multiplicador, sigue sufriendo el ataque de supuestos defensores del medio ambiente. Ni bien se informó que el proyecto Tía María recibió el visto bueno oficial, comenzaron los reclamos, empezando por el propio alcalde de la provincia donde se ubica el yacimiento.
