En Pataz, donde rige el estado de emergencia desde hace meses, 13 trabajadores fueron secuestrados y asesinados por bandas criminales. En un país normal, esta masacre bastaría para generar indignación colectiva entre las autoridades y una respuesta coherente y, sobre todo, planificada. En el Perú de hoy, solo se suma a la larga lista de tragedias gestionadas con desidia.
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Desde el año pasado, el Gobierno ha emitido más de diez decretos para ampliar el estado de emergencia, destinados –supuestamente– a restablecer el orden en esta convulsionada provincia de La Libertad. Nada ha mejorado. La minería ilegal opera con total impunidad. La violencia escala. Y el Ejecutivo responde con la misma fórmula: más decretos, más discursos vacíos. Ahora, tras la masacre, anuncia dos medidas que suenan igual de ineficaces: toque de queda y suspensión de actividades mineras.
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La respuesta del primer ministro Gustavo Adrianzén ha sido especialmente bochornosa. Cuando se conoció el secuestro, lo puso en duda públicamente. Dijo que no era información confirmada. Esa insensibilidad es reveladora: no solo minimizó una tragedia en curso, sino que mostró la distancia del Ejecutivo respecto a la realidad en zonas tomadas por el crimen. Hoy intenta justificar sus palabras, pero suena más a excusa que a explicación. Como las “acciones” que este Gobierno dice haber emprendido desde hace meses, y que no han generado ningún impacto real.
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Y como si la irresponsabilidad no tuviera límites, la presidenta Dina Boluarte –en lugar de asumir el liderazgo que exige esta tragedia– ha encontrado tiempo para derivar la responsabilidad al Ministerio Público. Señalar a la Fiscalía en medio de esta masacre no solo es frívolo: es una muestra más de que este Gobierno está más preocupado por salvarse políticamente que por enfrentar el drama que azota a Pataz.
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La minera Poderosa, en su comunicado, fue clara: este crimen es consecuencia del abandono estatal, del deterioro de la seguridad, de la permisividad con el REINFO, que protege a mineros ilegales. La SNMPE ha advertido que castigar a la minería formal, suspendiendo sus operaciones, no solo es injusto: es contraproducente. Mientras tanto, los ilegales siguen operando.
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Urge un cambio de enfoque. Basta de medidas simbólicas. Lo que Pataz necesita no es más estado de emergencia, sino un Estado presente y eficaz. Que entienda el problema, lo enfrente con decisión, y que, por una vez, honre con hechos la gravedad de la tragedia.
