La responsabilidad no recae únicamente en los organismos electorales. También alcanza a los candidatos, partidos políticos y líderes de opinión. (Fotos: Joel alonzo/ @photo.gec)
La responsabilidad no recae únicamente en los organismos electorales. También alcanza a los candidatos, partidos políticos y líderes de opinión. (Fotos: Joel alonzo/ @photo.gec)

La llega en uno de los momentos más delicados de los últimos años. No solo por la política que arrastra el país, sino porque la estrechez de los resultados y las denuncias posteriores a la primera vuelta han vuelto a poner bajo presión la credibilidad del sistema electoral. Por eso, las próximas semanas exigirán un esfuerzo extraordinario de instituciones como la y el .

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La conformación de un comité internacional de expertos, la auditoría de procedimientos y el despliegue logístico para el voto en el exterior apuntan en la dirección correcta. Pero no bastará con eso. La segunda vuelta electoral tendrá que desarrollarse con estándares impecables de organización, transparencia y comunicación. El país no puede permitirse ingresar a un nuevo ciclo de sospechas permanentes sobre la legitimidad de los resultados. La estabilidad de los próximos cinco años dependerá, en buena medida, de que el proceso electoral sea aceptado por la ciudadanía.

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Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en los organismos electorales. También alcanza a los candidatos, partidos políticos y líderes de opinión. El país necesita una campaña que abandone el insulto, la desinformación y los discursos de odio para concentrarse, finalmente, en lo importante: explicar qué harán para enfrentar los problemas concretos del país.

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Los debates serán decisivos. Y no debería repetirse lo visto en la primera vuelta, donde abundaron las frases efectistas y escasearon las explicaciones. El país necesita escuchar propuestas claras, técnicamente sustentadas y fiscalmente viables, no promesas imposibles.

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La discusión económica será crucial. Más allá de quién las plantee, los ciudadanos deben tener presente una realidad elemental: sin crecimiento económico, inversión privada y seguridad jurídica no hay desarrollo sostenible. No hay empleo formal, no hay recursos fiscales y no hay política social que resista. Como recuerda Carlos Casas (página 16), “el crecimiento de la economía es el principal motor de la reducción de la pobreza” y las décadas de populismo terminaron dejando “más pobreza y una redistribución regresiva del ingreso”.

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Pero el debate no puede agotarse en la macroeconomía. Los candidatos también deberán explicar cómo enfrentarán la creciente crisis de inseguridad ciudadana. Y, además, tendrán que detallar qué medidas de corto plazo aplicarán frente a la amenaza de un eventual fenómeno de El Niño.

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El Perú llega a esta elección cansado de la improvisación. Tal vez por eso esta segunda vuelta represente, además de la definición de un próximo presidente, la posibilidad de recuperar algo de racionalidad, institucionalidad y sentido de futuro.

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