MÁS COSTOS. El miércoles de la semana pasada, cerca de la medianoche y al caballazo –como es su costumbre–, el pleno del Congreso aprobó otra perforación más de los ingresos fiscales. Se trata del pago anual de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, más un sueldo completo de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores estatales del régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Fue en primera votación, aunque dado el abrumador respaldo que recibió el dictamen, pasaría sin problemas la segunda votación.
La nota de prensa publicada por el Congreso cita al presidente de la Comisión de Trabajo, Alex Paredes, quien sostuvo que la iniciativa busca acabar con la “discriminación laboral que sufren” los trabajadores CAS. También dijo que el dictamen cuenta con opiniones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Ministerio de Trabajo, Defensoría del Pueblo y la CGTP. Pero la entidad que emite opiniones vinculantes acerca de remuneraciones en el sector público es el MEF, que no figura en la lista de Paredes.
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Los legisladores tampoco tomaron en cuenta un proyecto de ley elaborado por el MEF que proponía pagar a los trabajadores CAS una CTS equivalente al 14% de su remuneración, pero sin gratificaciones, cuyo costo fiscal habría sido de S/ 128 millones anuales. La decisión del Congreso, en cambio, generaría un costo fiscal de S/ 3,000 millones anuales, monto que el dictamen disfraza como “reasignaciones presupuestarias” que deberán realizar las entidades que emplean personal bajo dicho régimen.
Es que habrá que reducir montos destinados a actividades que desempeñan esas entidades, tanto para adquisición de material y equipo, como para capacitación o contratación de personal. Por ende, es probable que estas reasignaciones incidan negativamente en la prestación de servicios a la ciudadanía. En otras palabras, seguirá siendo un costo que los contribuyentes tendrán que cubrir.
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Un aspecto que no toman en cuenta las numerosas leyes del Congreso que han elevado remuneraciones (y horadado la caja fiscal) es la meritocracia. En relación al régimen CAS, Servir señala que el proceso de selección está sujeto a un estándar de exigencia menor que otros regímenes laborales. La solución al caos del empleo en el sector público ya existe, es la legislación del Servicio Civil, pero lo que el Congreso está buscando es eliminarla. Es que no está pensando en el mediano y largo plazo sino en las elecciones del 2026. Y los más de 360,000 trabajadores CAS son un apetecible bolsón electoral.
