El Decreto de Urgencia (DU) 004-2026, publicado el jueves pasado, destina S/ 33.8 millones para un subsidio a transportistas de pasajeros y carga. El dinero provendrá del presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El subsidio consiste en S/ 4 por galón de diésel B5 y B20 adquirido durante un periodo de dos meses. Pero la norma excluye del beneficio a los servicios concesionados de transporte y a “determinados” operadores de Lima y Callao, que están bajo competencia de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad que administrará el subsidio.
Es extraño que se haya encargado esa tarea a una entidad que, como indica su nombre, supervisa el transporte público formal en la capital –al informal no lo supervisa nadie–. La ATU está adscrita al MTC, pero carece de experiencia para gestionar subsidios al transporte público de personas y carga a nivel nacional, exceptuando paradójicamente al ámbito que sí es de su competencia. El DU señala que la ATU posee capacidades institucionales y tecnológicas para la “validación digital de información del sector transporte”.
La reacción de los transportistas formales de pasajeros en la capital fue ratificar el paro que realizarán mañana martes. Incluso han advertido que podrían prolongar la protesta. Sus dirigentes señalan que, en abril, el Gobierno se comprometió a implementar un subsidio para que los transportistas puedan paliar el encarecimiento de combustibles y costos operativos. Como siempre, quienes sacarán provecho de la situación serán los informales (combis, colectivos, etc.).
Cabría preguntarse si el Gobierno aprobará un DU exclusivo para el transporte público formal de Lima y Callao, pues no parece lógico que haya sido dejado de lado. Además, la coyuntura es particular, dado que a puertas de la segunda vuelta, lo menos deseable es que los ánimos se sigan caldeando. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha alertado que los conflictos sociales que han surgido en diversos puntos del país pueden representar un riesgo para el desarrollo de la elección del próximo domingo.
El Gobierno ha intentado poner paños fríos al conflicto más serio, el paro de agricultores arroceros, que la semana pasada bloquearon carreteras en Lambayeque, Piura, San Martín y Ucayali. El viernes, el DU 005-2026 autorizó transferir S/ 120 millones para mitigar el alza del costo de producción del cereal y S/ 50 millones para mantenimiento de infraestructura de riego. Las tomas de universidades estatales también son un riesgo; muchas son locales de votación
