El Indecopi ha identificado 308 normas emitidas por entidades del propio Estado que hoy representan barreras burocráticas ilegales o irrazonables. Se trata de disposiciones que, en lugar de facilitar servicios o promover el desarrollo, imponen requisitos innecesarios, duplican trámites o restringen actividades productivas sin justificación. En lugar de cumplir un rol eficiente, hay entidades que han contribuido a construir una maraña de obstáculos que afectan a ciudadanos, empresas y sectores clave de la economía. Incluso de manera transversal.
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Ahora que se que ha resuelto y reafirmado la falta de razonabilidad de estas normas, las entidades responsables, por decisión de Indecopi, cuentan con 30 días para derogarlas o modificarlas. Ese plazo vence en junio, y el cumplimiento no debería ser opcional ni postergado. Muchos de estos organismos ya conocían los pronunciamientos en su contra. Han tenido tiempo más que suficiente para corregirlos.
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Una de las disposiciones más controversiales, y a la que nos hemos referido en varias ocasiones, ha sido la que prohibía la tercerización de actividades vinculadas al “núcleo del negocio”. Bajo un concepto vago y confuso, se impuso una limitación que atentaba contra las empresas, afectando directamente a sectores como minería, logística, industria o servicios especializados. Esta medida no solo generó inseguridad jurídica, sino que desincentivó la inversión. Y aunque hoy se encuentra suspendida, su eliminación no es solo lo correcto a nivel técnico: también sería un mensaje de que el país puede avanzar hacia una mejor regulación.
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Paradójicamente, el mismo aparato estatal que genera las trabas es el encargado de eliminarlas. No puede evadir esta responsabilidad. Tiene que encontrar la sensatez y, sobre todo, la decisión política. Recordemos que hubo la intención de eliminar las limitaciones a la tercerización, pero se retrocedió por un “desencuentro” entre ministros. Este podría ser un nuevo impulso que debería aprovecharse.
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El proceso debe tomarse en serio. Las entidades públicas no solo deben cumplir con el mandato de eliminar estas barreras; deben hacerlo con convicción, entendiendo que su función es servir, no entorpecer. Además, este momento debe servir para fortalecer el rol del Indecopi como árbitro técnico y garante de una administración pública razonable. Se necesita dotarlo de mayores herramientas, recursos y respaldo político.
