El actual proceso electoral está dejando un problema evidente (y recurrente): los partidos políticos han fallado en su obligación básica de seleccionar candidatos que cumplan estándares mínimos de legalidad y respeto al elector, y el sistema electoral ha reaccionado con lentitud frente a situaciones que debieron resolverse en etapas previas.
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Los datos publicados en un informe de El Comercio son claros. Diecisiete candidatos al Congreso bicameral declararon haber sido condenados por peculado, un delito de corrupción que, como indican los especialistas entrevistados para dicha nota, de acuerdo con la Ley 30717, impide de manera permanente postular a cargos de elección popular. No se trata de antecedentes ocultos ni de procesos en trámite: las condenas fueron consignadas por los propios postulantes en sus hojas de vida. Aun así, esas candidaturas avanzaron en el proceso de inscripción.
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El problema no se concentra en una sola organización. Los 17 casos se distribuyen en 12 partidos políticos distintos. Esta dispersión confirma que no se trata de un error puntual, sino de una práctica extendida: llenar listas sin un control interno real, confiando en que el filtro institucional será flexible o llegará demasiado tarde.
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En ese contexto, el caso de Mario Vizcarra resulta ilustrativo, quien encabeza una de las 36 planchas que han quedado expeditas para postular. Pese a los antecedentes, a las observaciones públicas y a las tachas presentadas, continúa como candidato presidencial. El mensaje que recibe el elector es que, incluso cuando existen objeciones graves, el sistema es capaz de tolerarlas y “patear” el problema hacia adelante, como si se tratara de una discusión secundaria.
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El escenario se vuelve todavía más delicado con Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia y, aun así, inscrito como candidato presidencial. Aquí no hay debate interpretativo. Hay una decisión política explícita de un partido que opta por sostener una candidatura incompatible con cualquier estándar básico de responsabilidad democrática.
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Según la opinión de especialistas, los jurados electorales especiales debieron declarar improcedentes estas candidaturas. El problema no es la falta de herramientas, sino su uso tardío. La revisión posterior, a través de tachas, puede corregir errores, pero no sustituye una evaluación inicial firme y bien motivada.
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Es cierto que las tachas fortalecen el rol de vigilancia ciudadana. Sin embargo, su uso reiterado también tiene efectos indeseados: judicializa la campaña, politiza los procedimientos y desplaza el foco del debate, que debería concentrarse en programas y propuestas de gobierno.
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El resultado es una campaña que comienza con ruido institucional y poco contenido. Si el proceso electoral quiere recuperar credibilidad, los partidos deben asumir su responsabilidad desde el origen de las listas y las autoridades electorales deben aplicar la ley sin ambigüedades desde el inicio. De lo contrario, el electorado seguirá recibiendo una oferta que no fue pensada para representarlo, sino para torcer el sistema.
