Durante años, cada nuevo rescate de Petroperú fue presentado como excepcional. El problema es que las excepciones se volvieron mala costumbre. El Decreto de Urgencia 003-2026 confirma que se trata de una perjudicial tendencia de salvataje permanente de una empresa estatal cuya crisis es, desde hace tiempo, estructural.
El Gobierno insiste en que los hasta US$ 2,000 millones aprobados no implican el uso de recursos públicos. Formalmente, el decreto habla de “compromisos contingentes”, fideicomisos y vehículos de propósito especial. Pero detrás del lenguaje técnico existe una realidad bastante más simple: el Estado está colocando su respaldo para que Petroperú consiga financiamiento que hoy el mercado privado ya no está dispuesto a otorgarle sin garantías extraordinarias.
Y eso tiene consecuencias. El propio MEF define al fideicomiso como un mecanismo mediante el cual se transfieren fondos públicos a un patrimonio autónomo, sin que estos pierdan su naturaleza estatal. Es decir, aunque los recursos sean canalizados mediante fideicomisos o estructuras especiales administradas por ProInversión, el riesgo final continúa recayendo sobre el Estado peruano. O, dicho de otra manera, sobre los contribuyentes.
Más aún, el decreto establece que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) asumirá compromisos con cargo a su propio presupuesto institucional hasta por el citado monto, más los respectivos costos financieros. Eso significa que, para sostener a Petroperú, inevitablemente deberán postergarse o reducirse otras prioridades públicas. El DU protege explícitamente los fondos de electrificación rural, pero no ocurre lo mismo con otros proyectos de inversión a cargo del Minem.
Lo más preocupante, sin embargo, es que el rescate financiero avanza mientras la reestructuración sigue atrapada en una guerra interna. Los reportes sobre el retorno de antiguos cuadros vinculados a gestiones cuestionadas ponen en tela de juicio el buen uso de los recursos venideros y las resistencias a una auditoría forense sobre la Refinería de Talara reflejan que el problema de Petroperú no es únicamente financiero: es principalmente político.
El propio DU reconoce que la empresa arrastra pérdidas estructurales desde el 2022, coincidiendo con la puesta en marcha de la refinería. También admite deterioro patrimonial, problemas severos de liquidez y restricciones crecientes para acceder a crédito. Sin reformas reales, cualquier nuevo rescate solo comprará tiempo.
Por eso, la discusión ya no debería centrarse únicamente en cómo evitar el colapso inmediato de Petroperú, sino en quién garantizará que esta vez el proceso de reorganización llegue hasta el final. Y allí aparece un factor incómodo: gran parte de esa responsabilidad recaerá sobre el próximo Gobierno, pues tendrá que decidir si continúa una reestructuración profunda o si vuelve a caer en la lógica del rescate permanente sin cambios de fondo. Porque si algo ha quedado claro con este nuevo episodio es que las pérdidas de Petroperú nunca desaparecen: simplemente terminan trasladándose a los contribuyentes.
